El avance del crimen organizado se ha transformado hoy en una de las mayores crisis a las que las autoridades e instituciones han debido hacer frente. La tarea no ha resultado sencilla, puesto que la expansión de los tentáculos de estos grupos es acelerada, mientras que cada vez hay nuevos indicios de la presencia en Chile de distintas transnacionales del crimen.
El
Tren de Aragua, originario de Venezuela, fue una suerte de precursor en la instalación del flagelo; hoy, repartido en prácticamente todo el territorio nacional, y con centros de operaciones en tomas o sitios que no están al alcance del Estado. Ese es el primer paso para que una zona se convierta en terreno se convierta en idóneo para echar a andar la empresa delictiva.
Otro elemento facilitador para estas células es la ausencia del Estado determinadas zonas, muchas veces, por el nivel de peligrosidad que conllevan sus operaciones, o de plano, por la inacción. La alerta la dio la propia fiscal regional de Tarapacá, María Trinidad Steinert, quien junto con respaldar los dichos de su predecesor, el fiscal Raúl Arancibia respecto a que la entrada de estos grupos partieron por la zona norte, exhortó al Estado a ejecutar soluciones.
"Yo no dejo de encontrarle razón al ex fiscal regional, pero también entender que de aquí parte todo, dada la extensión de nuestra región, porque es enorme, también los entes del Estado tienen que hacer cosas, no solamente quedarse lamentando esta situación", reflexionó la fiscal en conversación con Radio Universo.
Una idea similar deslizó en febrero el alcalde de Arica, Gerado Espíndola, en conversación con
EmolTV: "cerro Chuño
es el ejemplo del fracaso de la política de Estado", comentó. El jefe comunal reconoce que la entrada a esa zona apenas alcanza para retirar la basura, porque no quieren exponer a los funcionarios a un lugar donde se registran homicidios, explotación sexual, tráfico de drogas y el hallazgo de cuerpos. Todos ellos, parte de la actividad delictual del Tren de Aragua.
Pero desde 2020 a la fecha, se han conocido o, al menos, se ha deslizado la posibilidad de que otras organizaciones hayan mirado a Chile como un lugar óptimo para instalar sus células. En enero del año pasado se habló de
Las Maras (de El Salvador), mientras que a inicios de marzo de este año, se reportaron antecedentes de que el
Primer Comando de la Capital (de Brasil) estaría operando en el país.
"Si usted me pregunta si hay organizaciones criminales de otros países, que están incidiendo en Chile, yo les voy a contestar que sí", reconocía el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el año pasado.
En tanto, recientemente, la fiscal Steinert, reconoció respecto a la presencia del PPC, e incluso grupos del crimen organizado de Ecuador, que "tenemos ciertos antecedentes de que efectivamente podrían encontrarse en nuestro país; independiente de la criminalidad dura que tienen, también es relevante de que nos hagamos cargos como país de todos los activos, de los bienes y propiedades que ellos tienen".
Las alertas ante una "amenaza real"
A inicios de marzo, la fiscal regional de Tarapacá, María Trinidad Steinert, comentó sostuvo a Radio Universo que la presencia de estos grupos son "una amenaza real", aunque planteó matices respecto a otros países, como que no se han permeado a funcionarios públicos.
No obstante, advirtió que "tenemos que estar alerta, como operadores del sistema, de que no nos veamos el día de mañana lamentando que funcionarios públicos empiecen a ser parte de estas bandas del crimen organizado, porque ahí la situación se torna de otro color".
En conversación con
Emol,
Eric Latorre, director del magíster en Gobierno y Dirección Pública de la U.Autónoma, comenta en esta línea que algunos casos bullados que se han visto esta semana en materia de instituciones, como la situación del ex director de la PDI, Sergio Muñoz -hoy en prisión preventiva- y de el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez -próximo a ser formalizado- son preocupantes. Y es que esa mala señal que se puede dar desde algunas instituciones, es una noticia positiva para el crimen organizado.
"Si miramos el caso de Ecuador, vemos que la degradación de las instituciones fue hecha sobre la base de la corrupción, porque es el escenario perfecto el crimen organizado. Y los mejores actores para corromper son las policías, el Poder Judicial y las autoridades locales", afirma el experto.
Asimismo, dice que empezar a dar señales que Chile es un país mucho más corrupto de lo que queremos creer, "le está abriendo un espacio muy atractivo al crimen organizado, y que ambos jefes policiales estén formalizados es muy malo, sobre todo en el caso de la PDI, que le entregó información a un abogado. De ahí, la puerta está abierta para informar a un líder de un cartel", reflexiona.
Chile en una etapa "intermedia"
Para Pía Greene, experta en temas de seguridad de la USS, comenta que hoy Chile se encuentra en una etapa "intermedia" frente a la instalación del crimen organizado. Es decir, que flagelo "se logra instalar con el uso de la violencia para poder encontrar sus territorios y poder pelearlos con bandas rivales".
"No hay que ser ingenuos de creer que porque se acaban los delitos violentos, el crimen organizado está siendo controlado. Hay que estar atentos".
Pía Greene, experta en seguridad USS
"Por lo tanto, no hay que ser ingenuos de creer que porque se acaban los delitos violentos, el crimen organizado está siendo controlado. Hay que estar atentos", subraya.
Lo anterior, considerando que "siempre que entra el crimen organizado al país, es porque alguien miró para el lado; y eso se va afiatando porque pagan con droga y se crean redes que empiezan a permear en distintos estamentos de la institucionalidad. Hemos visto algunos casos de este tipo en Aduanas, Carabineros o PDI, e incluso en la política".
Y el paso hacia la política comienza a poner aún más intrincado el escenario; se trataría entonces de "un narcoestado, como lo que vemos en Venezuela, cuando ya el crimen organizado se hace parte del sistema, sobre todo desde el narcotráfico".
Con todo, Greene afirma que "hay que ser implacables, tanto en la política como en otras instituciones, y eso quiere decir que hay que aplicar sanciones, para que esto no siga permeando y se llegue a un punto donde no se pueda reconocer la línea entre la institucionalidad y la criminalidad".
