El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, enfrenta un complejo escenario judicial y asociado a otras falencias en la comuna, ad portas de su salida como jefe comunal, de cara a las elecciones municipales de octubre de este año, donde no puede volver a postularse por haber cumplido tres periodos, según establece la ley.
Entre los nombres que se empiezan a trazar para el sucesor o sucesora en Recoleta, está Ruth Hurtado, impulsada por Republicanos, y el concejal Fares Jadue, apoyado por el PC y por el actual alcalde, con quien no guarda parentezco, sino que una amistad desde la época universitaria. En Chile Vamos, el ex alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, deslizó en EmolTV la comuna de Recoleta como una de sus opciones, aunque apuntaría con más fuerza a zonas del sector oriente.
La carta de Republicanos viene acompañada de críticas a la actual gestión, apuntando a una "administración desastroza" en la comuna. Así lo dijo a El Mercurio el presidente de la tienda, Arturo Squella: "luego de 12 años de una administración desastrosa del PC, los vecinos requieren de un nuevo liderazgo que pueda combatir con fuerza la corrupción y volver a poner las urgencias sociales por sobre la agenda política e ideológica que tanto daño le ha hecho a la comuna".
Pero más allá de las evaluaciones que hagan algunos aspirantes al sillón municipal de Recoleta, hay algunos hechos sobre la mesa que complican al jefe comunal.
Trama "Farmacias Populares"
Una de ellas es la trama judicial que Jadue arrastra a raíz de la investigación abierta que indaga presuntos delitos cuando tenía a su cargo la gestión patrimonial de Asociación Chilena de Farmacias Populares. La Fiscalía le imputa al alcalde delitos asociados a cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y lavado de activos.
En enero, el Departamento del OS-7
de Carabineros remitió a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, un informe como parte de la indagatoria por un eventual delito de cohecho en el marco del caso Farmacias Populares.
Sobre el alcalde de Recoleta, el documento señala que Jadue, "teniendo a su cargo la gestión patrimonial de Asociación Chilena de Farmacias Populares, dispuso las facultades para disponer acciones abusivas y omisiones contrarias al interés patrimonial de la asociación, tal como adquirir de forma excesiva y sin justificación los diferentes insumos que fueron comercializados de manera irregular por Muñoz Barrera".
En este sentido, uno de los episodios que se cuestiona es "una venta masiva de productos en forma urgente", declararon testigos, la mayoría funcionarios a los que se les ofrecieron comisiones por las ventas.
El miércoles, el presidente de Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, adelantó que el organismo está evaluando presentar una querella en contra del dirigente comunista. En entrevista con CNN Chile, Letelier indicó que la acción hacia Jadue podría ser criminal o civil, debido a que existirían antecedentes contundentes que lo vincularían en las negociaciones realizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades Farmacias Populares (Achifarp) con la empresa Best Quality SPA.
"Ese es un caso que tenemos mucho más avanzado que otro tipo de casos. Es un caso en el cual ya hemos ido observando la comisión de algún tipo de figuras ilícitas, y eso entonces permite mirar que es un caso que va a tener seguramente novedades en el corto plazo", precisó Letelier.
La crisis de orden y seguridad en La Vega
Otra situación que ha abierto cuestionamientos hacia la gestión del alcalde y que obligatoriamente recibirá como desafío su sucesor o sucesora, es la crisis de seguridad y orden que enfrenta La Vega.
La falta de limpieza y la instalación masiva de mercado informal son parte de las críticas que hacen los locatarios, apuntando a que estas situaciones les afecta en las ventas, e incluso, mucha gente ha decidido irse de allí. Esto, pese a que la zona cuenta con seguridad privada en los accesos.
Según consigna El Mercurio, los locatarios acusan que "los delitos son más violentos y repercuten en más personas", que "estamos al borde del colapso", y que "la gente se ha ido por temor, por la delincuencia, por estos mismos secuestros que hay ahora. Se acabó esto de que La Vega es bonito, barato y seguro".}
Frente a esta problemática, los dueños de los locales afirman que le han pedido al alcalde Jadue que se haga cargo. En febrero, de hecho, la agrupación de locatarios interpuso un recurso de protección contra el municipio apuntando al comercio ilegal. Algunos, incluso plantean que se solicite carnet de identidad para ingresar a La Vega, tal como se hace en Lo Valledor.
Desde la Municipalidad de Recoleta respondieron que se ha hecho una serie de "despejes" del comercio ambulante en puntos preventivos, en las cercanías de La Vega y el Tirso de Molina, junto con fiscalizadores y patrullajes preventivos, para evitar "incivilidades".
