GINEBRA.- El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pidió este jueves a Chile que derogue el decreto ley 2.191, que en 1978 amnistió gran parte de las violaciones cometidas en la épocadel ex general Augusto Pinochet, y además expresó su preocupación por la demora en muchos procesos relacionados con esa época.
Tras su séptimo informe periódico a Chile realizado entre el 5 y 6 de marzo, junto a una delegación encabezada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, el comité también pide al Estado reformas en el artículo 103 del Código Penal, que acorta a la mitad los periodos de prescripción en ciertos delitos considerados crímenes de lesa humanidad o violaciones de los Derechos Humanos.
En este apartado, el comité, formado por 18 expertos en Derechos Humanos y presidido por la paraguaya Tania María Abdo, dió la bienvenida a la reciente creación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia relativo a las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.
Sin embargo, muestra inquietud por el considerable número de casos de los que fueron considerados como graves violaciones de Derechos Humanos sin sentencia, incluidos actos de tortura, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
Dados los años transcurridos y la avanzada edad de víctimas y verdugos, el informe indicó que "se pone en peligro el derecho a la justicia y la reparación de las víctimas y sus descendientes, y se posibilita la impunidad de los perpetradores".
Además, lamentaron la falta de acceso a documentos y testimonios de víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, a la vez que también criticaron el carácter reservado de otros documentos relacionados con abusos durante la dictadura.
Otros temas
El informe también abordó la aplicación de la legislación antiterrorista en Chile contra miembros del pueblo mapuche, algo que el comité lamenta y sitúa "en un contexto de discriminación histórica y bajo un estado de excepción constitucional en las regiones de La Araucanía y Biobio que agrava su situación".
Entre otros aspectos, el documento expresa preocupación por el aumento de casos de discriminación, intimidación y violencia contra las personas LGBTQ+ en Chile, con "altas tasas de suicido" en el colectivo, así como la impunidad en los delitos de odio contra estas personas.
En materia de aborto, el comité manifestó preocupación porque el incesto no esté expresamente contemplado en las tres causales por las que puede solicitarse la interrupción del embarazo en el país, y critica también la prohibición de publicidad sobre prácticas abortivas, entre otros temas.
En su repaso al estallido social de 2019 y 2020, el Comité lamentó que sólo una pequeña parte de los acusados por delitos de tortura durante esos hechos hayan sido procesado. Y acusaron que en ese periodo hubo "gran número de violaciones de Derechos Humanos" por el "uso desproporcionado, arbitrario e innecesario de la fuerza y la brutalidad de las fuerzas policiales y armadas, incluyendo tortura, malos tratos y violencia sexual".
El informe expresa preocupación por los altos niveles de hacinamiento en las cárceles chilenas, con dificultad en ocasiones para acceder en ellas a suministro de agua potable o servicios higiénicos.
En materia de migración, pide al Estado intensificar esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar las redes de trata de personas, y al mismo tiempo "garantizar que todas las personas que necesiten protección internacional tengan acceso sin trabas al territorio y a procesamientos justos y eficientes de determinación individual de la condición de refugiado".
