La determinación del
Mercado Mayorista Lo Valledor (MMLV) respecto de exigir a sus trabajadores y clientes carnet chileno para poder ingresar al recinto comercial sigue generando polémica, mientras otro
recinto capitalino también evalúa tomar la misma determinación: La Vega Central.
La situación ha provocado todo tipo de reacciones, entre ellas, del Gobierno. La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo respecto de la determinación de Lo Valledor que "nosotros tenemos que fiscalizar como Estado la legalidad de las personas que circulan en nuestro territorio. Tener un carnet de otro país no es una ilegalidad. Tener una condición migratoria irregular es otra historia", agregando que "es importante en esto que nos mantengamos apegados a la ley y no incurramos en conductas que pueden ser discriminatorias".
De hecho, el Ministerio del Interior se reunirá el lunes con representantes de ambos mercados de abastecimientos. La cita se realizará en
La Moneda a las 16 horas y asistirán los voceros de Lo Valledor, Marcelo Araya; y de la Vega Central, Arturo Guerrero. Por Interior, la ministra Carolina Tohá y los subsecretarios Manuel Monsalve y Eduardo Vergara (de Prevención del Delito).
El debate sobre la migración
En ese contexto, y ante un debate que parece lejos de cerrarse, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones del gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, Álvaro Bellolio, cuestionó a través de una carta al director de El Mercurio a la administración del Ejecutivo en torno a esta materia.
En el texto titulado "Turismo de verduras", Bellolio señaló que "el Gobierno ha criticado la medida, diciendo que existe una especie de 'turismo de verduras', donde los más de cien mil extranjeros que han ingresado ilegalmente a Chile desde 2022 vendrían a conocer estos lugares".
En ese sentido, agregó que "hoy se contrastan las propuestas de mayor control fronterizo y expulsiones versus las ideas del Gobierno de dar visa a los 182 mil extranjeros que ingresaron escondidos a Chile, pero fueron parte del registro biométrico, y de dejar en libertad a los extranjeros condenados por tráfico de drogas y expulsarlos a su país de origen, cuando pueden volver a las pocas semanas".
"Chile necesita una migración responsable, y si tanto les gusta la presión ciudadana y defienden que la ciudadanía se manifieste, deberían tomar medidas para resguardar la seguridad de quienes vivimos en este país y no incentivar perdonazos y justificar 'turismos de verduras", cerró.
Sin embargo, en la otra vereda se encuentra Waleska Ureta, directora nacional Servicio Jesuita a Migrantes, quien a través de la misma vía respaldó los dichos de la ministra Carolina Tohá en su texto titulado "Regularización migratoria". "Valoramos esta declaración, ya que el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación se encuentra consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en diferentes tratados internacionales ratificados por Chile".
"En este ánimo de promover la no discriminación de personas migrantes expresada por la ministra Tohá, volvemos a reiterar al Gobierno y al Congreso Nacional la urgente necesidad de contar con una voluntad política que ayude a promover la regularidad migratoria", sostuvo.
A ello sumó que se deberían utilizar "un conjunto de instrumentos como los visados y el reconocimiento de la condición de refugiado, para gestionar de mejor manera los flujos migratorios, medida que cuenta con experiencias exitosas en otros países del continente".
Carta al director de Bellolio
Con la decisión de La Vega y Lo Valledor de ocupar el derecho de admisión y solicitar cédula de identidad emitida en Chile para entrar a sus establecimientos, el Gobierno ha criticado la medida, diciendo que existe una especie de "turismo de verduras", donde los más de cien mil extranjeros que han ingresado ilegalmente a Chile desde 2022 vendrían a conocer estos lugares.
Es interesante el debate sobre medidas para desincentivar la irregularidad y generar más seguridad, donde hoy se contrastan las propuestas de mayor control fronterizo y expulsiones versus las ideas del Gobierno de dar visa a los 182 mil extranjeros que ingresaron escondidos a Chile, pero fueron parte del registro biométrico, y de dejar en libertad a los extranjeros condenados por tráfico de drogas y expulsarlos a su país de origen, cuando pueden volver a las pocas semanas.
Hoy en Chile el 14% de los presos en las cárceles es de origen extranjero. En el norte es aún más crítico: en Tarapacá representan más del 52% de los privados de libertad. Algunas sugerencias propositivas son aplicar el Convenio de Estrasburgo, vigente en nuestro país desde 1998, que permite trasladar a condenados a su país de origen, para que cumplan su condena allá, y aumentar las expulsiones administrativas, donde en los últimos 27 meses llevan 478 expulsiones por ingreso ilegal, y que terminen con la resolución autoimpuesta que prohíbe devolver a extranjeros no bolivianos que entran clandestinamente por ese país, que superan los 70 mil casos desde 2022.
Chile necesita una migración responsable, y si tanto les gusta la presión ciudadana y defienden que la ciudadanía se manifieste, deberían tomar medidas para resguardar la seguridad de quienes vivimos en este país y no incentivar perdonazos y justificar "turismos de verduras".
Carta al director de Ureta
Respecto del anuncio inicial del Mercado Lo Valledor sobre solo permitir el ingreso a sus instalaciones con cédula de identidad chilena, la ministra del Interior, Carolina Toha, señaló que "es importante que nos mantengamos apegados a la ley y no incurramos en conductas que pueden ser discriminatorias". Valoramos esta declaración, ya que el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación se encuentra consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en diferentes tratados internacionales ratificados por Chile.
En este ánimo de promover la no discriminación de personas migrantes expresada por la ministra Tohá, volvemos a reiterar al Gobierno y al Congreso Nacional la urgente necesidad de contar con una voluntad política que ayude a promover la regularidad migratoria versus la irregularidad, utilizando un conjunto de instrumentos como los visados y el reconocimiento de la condición de refugiado, para gestionar de mejor manera los flujos migratorios, medida que cuenta con experiencias exitosas en otros países del continente.
Vías que faciliten el acceso a la regularización permitirán al Estado contar con mayor información respecto de la identificación de las personas, para operar de mejor manera, por ejemplo, en la persecución del delito y, por otra parte, que la gran mayoría de los migrantes que quieren regularizar su situación entregando voluntariamente sus antecedentes al Estado puedan reconstruir su proyecto de vida que debieron abandonar de manera obligada en sus países de origen, siendo un aporte al país que los recibe, pudiendo acceder a estudiar, trabajar y tener una vida plena en Chile junto a sus familias, sin discriminación ni estigmatización.
