A las críticas que la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FVRS), Flavia Torrealba, dirigió al denominado criterio Tohá -que apunta a que los funcionarios que enfrenten una formalización serán desvinculados de su cargo- se sumaron más personeros del oficialismo
En entrevista con EmolTV, Torrealba opinó que se trataba de un "criterio errado", pues se "se rompe el principio de presunción de inocencia, que es la base de todo el sistema democrático, además del Estado de derecho".
"Efectivamente es un ante juicio, cuando en realidad es un derecho de la persona enterarse de que lo están investigando. Por cierto que hay un juicio público que puede distorsionar la gestión, pero eso hay que decidirlo políticamente", complementó.
Plegándose a esa visión, el jefe de bancada de diputados PPD, Jaime Araya, hizo un llamado a que "seamos respetuosos del principio de inocencia". "Seamos capaces de decir que las formalizaciones son simplemente la comunicación de que se inicia una investigación y que eso no puede fundar una decisión política".
"Yo tengo una muy mala percepción del trabajo que hace Miguel Crispi, pero me parece que sería tremendamente injusto que, si él eventualmente es formalizado, tenga que salir del Gobierno", sumó, acotando que "lo mismo pienso respecto al General Yáñez, que está siendo imputado por delitos omisivos eventualmente que se hubieran cometido en su calidad de jefe operativo y por lo tanto, me parece que no es correcto que se pretenda decir que la persona que es formalizada no puede seguir ejerciendo las responsabilidades públicas".
Por lo demás, el parlamentario advirtió que "es importante que seamos muy precisos y coherentes, porque la ciudadanía no va a entender que el Gobierno tenga un discurso respecto del General Director de Carabineros y tenga otro discurso respecto del alcalde Recoleta. Hay que evitar eso y por lo tanto lo que hay que hacer es flexibilizar este criterio que se ha establecido".
En esa línea, el líder del Partido Radical, Leonardo Cubillos, acusó que "la ministra Tohá comete un error básico en derecho constitucional. Está bien que uno pueda respetar los derechos de las personas y la presunción de inocencia, pero es dicotómico que ponga en cuestionamiento que el Presidente de la República pueda determinar o no en algún momento determinado que prevalezca la justicia por sobre sus facultades constitucionales".
"El Presidente de la República, respecto a los funcionarios, él tiene facultades constitucionales para nombrar a su discreción aquellas personas de exclusiva confianza en los cargos que estime pertinente y sacarlos cuando estime pertinente", agregó.
En ese sentido, adujo que "si el Presidente adopta la decisión de esperar una resolución judicial para tomar una decisión respecto a un cargo exclusivo de confianza, bueno, hágase responsable de aquello. Pero si en definitiva, ve que una persona que está sometida a un procedimiento que afecta el funcionamiento del Estado y de la institución que tiene a su cargo, bueno, tiene la facultad constitucional para hacerlo".
Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD) consideró que el Gobierno comete un "profundo error" al aplicar el "criterio Tohá" en cuanto "lo que está haciendo es evitar hacer lo que tiene que hacer, que es tomar decisiones políticas, por más difícil que éstas sean, descansando en argumentos jurídicos que pueden ser muy válidos para una discusión académica, pero no lo son a la hora de gobernar. Porque acá lo que hay que hacer es mirar caso a caso, no fijar un criterio general para todos, porque cada caso es distinto".
Abundando en ese punto, precisó que "hay casos, como por ejemplo podría ser el del general Yáñez, donde pedir la renuncia al momento de la formalización puede ser una decisión apresurada y errada, dadas las consecuencias políticas e institucionales que eso puede tener en el contexto de una crisis de seguridad, y hay otros casos, como el del jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, donde esperar el momento de la formalización puede ser tarde, por todo el daño político que ya ha causado".
Con todo, Soto llamó al Ejecutivo a que "tome decisiones, que deje de tirar, en términos futbolísticos, la pelota hacia el córner. Acá se requiere que el presidente, que el gabinete, tome las decisiones y transparente hasta el país cuál es su posición respecto al general Yáñez, respecto de todas las autoridades que están comprometidas en procesos judiciales caso a caso".
