Conocida es la escasez de matrículas en los establecimientos educacionales públicos que enfrentan cientos de apoderados. Son múltiples las denuncias desde el inicio del año escolar, hace poco más de un mes, en que padres señalan que sus hijos continúan sin contar un cupo asignado por el sistema.
A lo anterior se suman los diversos establecimientos que han sido escenario de hechos violentos entre estudiantes, que han desencadenado -en algunos casos- la postergación de la jornada o la cancelación de las actividades.
"Pedimos al Ministro, Nicolás Cataldo, que gestione esta situación como el terremoto educacional en el que estamos. El tiene la atribución vía resolución dar sobrecupos con subvención en Colegios Particulares Subvencionados que los padres quieran elegir, escuelas donde no haya violencia ni paros y derogar el artículo de demanda insatisfecha"
María Teresa Romero
Ante esa complejidad, algunos apoderados han recurrido a recintos irregulares, fuera del sistema, para continuar sus enseñanzas, en las cuales se imparten clases particulares sin reconocimiento oficial y ofrecen preparar a los estudiantes para dar exámenes libres, cobrando mensualmente cerca de $180.000.
Según relató un apoderado a Emol, quien pidió reservar su nombre, los padres recurren a esta alternativa por dos razones: porque definitivamente no cuentan con un cupo asignado, o porque el cupo asignado es en un establecimiento donde "realmente hay mucha delincuencia, peleas diarias y bastantes problemáticas sociales".
Las salas de estos establecimientos, "cuentan con 6 o 7 estudiantes", a diferencia de los otros colegios, donde la cifra aumenta hasta "45 niños". El mismo apoderado agregó que a pesar de contar con un cupo en un establecimiento, "preferiría dejarlo en el recinto en el cual está", ya que es una enseñanza "más particular".
Desde la Fundación Escuelas Abiertas se reunieron con el presidente del Senado, José García Ruminot (RN) y con el senador, Gustavo Sanhueza (UDI), con el objetivo de denunciar esta situación. "Es impresentable que a estas alturas, en el mes de abril, existan padres en incertidumbre sin saber dónde y cuándo sus hijos podrán asistir a clases", expresó la presidenta de la fundación, María Teresa Romero.
A juicio de Romero, el problema recae en la Ley de Inclusión, ya que esta prohibió la creación de nuevos colegios particulares subvencionados, lo que esta provocando que los padres "acudan a situaciones irregulares poniendo en riesgo la educación de sus hijos", ya que estos "se dan cuenta que los colegios municipales y dependientes de SLEP están teniendo graves situaciones de violencia".
En este contexto, surgió esta alternativa. "Tenemos evidencia de la existencia de casas particulares que se establecen sin ningún reconocimiento oficial para preparar y cobran hasta $180.000 por niño para acompañarlos y prepararlos para dar exámenes libres", reveló Romero.
Finalmente, pidieron al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que "gestione esta situación como el terremoto educacional en el que estamos. El tiene la atribución vía resolución dar sobrecupos con subvención en Colegios Particulares Subvencionados que los padres quieran elegir, escuelas donde no haya violencia ni paros y derogar el artículo de demanda insatisfecha".
Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza (UDI), manifestó que entiende la frustración de los padres de no poder matricular a los hijos en los establecimientos que ellos querían, pero "esta práctica pone en riesgo a sus hijos", ya que a pesar de los buenos resultados, al no asistir a clases "se está perdiendo lo relacionado a la sociabilización".
"Es necesario preocuparse de que nuestras niñas, niños y adolescentes sean personas capaces de desenvolverse en una sociedad donde hay que interactuar", agregó y además evidenció otros riesgos: "No hay ninguna fiscalización respecto a la infraestructura donde están teniendo esas clases, no sabemos qué cantidad de alumnos que están asistiendo y cuáles son las condiciones de seguridad que tienen esos niños, niñas y adolescentes".
Esta problemática, a juicio del senador Sanhueza, tiene varias aristas. "Por un lado está la falta de matrícula, al existir una falta de oferta educativa", pero por otro lado "aquellos estudiantes que quedan en un establecimiento educacional donde los padres no querían, y buscan una alternativa para que efectivamente sus hijos no vayan, ya sea por razones de violencia, o de bajo rendimiento académico del establecimiento", lamentó.
