El extenso paro de profesores en Antofagasta, que comenzó el 11 de marzo, colmo la paciencia de los apoderados, que observan el impacto en la enseñanza de sus hijos. La medida de presión se origino tras el suicidio de la profesora Katherine Yoma (31), quien atravesaba por una fuerte carga emocional -según se ha denunciado-tras las amenazas sufridas en el colegio por una estudiante en la Escuela José Papic Radnic D-68. Luego de su deceso, el magisterio en esta comuna ha buscado la implementación de una serie de protocolos para resguardar la integridad de los trabajadores del sistema educacional. Además, solicita la renuncia de la directiva de la Corporación Municipal de Desarrollo Social y del alcalde Jonathan Velásquez (Ind.), a quienes acusa de no haber actuado a tiempo, pese a las advertencias que expuso la docente. Agrupaciones de centros de padres han manifestado su adhesión a los protocolos de resguardo, aunque no respaldan la extensa movilización. Así, un grupo de apoderados alista la presentación de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta para que se concrete el retorno a clases lo antes posible. "Ya somos mas de 400 apoderados que respaldan este recurso. Lo que esperamos es que los niños vuelvan a clases. No estamos en contra de lo que los profesores están pidiendo, pero si de la forma en que lo hacen", resume Jenny Verdugo (45), apoderada que inicio esta acción judicial, que se presentaría en los próximos días debido a que aún se afinan algunos detalles. "Estamos muy preocupados porque los niños están muy atrasados en los contenidos. Antes fue el estallido, luego la pandemia y antes también hubo otro paro", añade. La paralización golpea a casi todos los recintos municipales, donde unos 37 mil alumnos están sin clases.
