Durante la tarde de este miércoles se está llevando a cabo una segunda jornada de formalización del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy (ex PS), por los delitos de fraude al Fisco, malversación de fondos públicos, cohecho y lavado de activos.
Esta tarde, en la instancia desarrollada en el Juzgado de Garantía de la comuna, fue el turno de la defensa de entregar sus argumentos al respecto. Los abogados se enfocaron principalmente en evitar la medida cautelar de prisión preventiva -solicitada por la fiscalía-, buscando desacreditar la participación de Godoy en los hechos imputados.
En ese contexto, el abogado Hugo Zamorano, entre otros aspectos, planteó el ejercicio de un rol paterno activo del imputado como motivo para no decretar tal medida. Junto a ello se presentó un documento emitido por una perito recomendando evitar la cautelar.
Igualmente Zamorano manifestó que de decretarse una medida de este tipo la prisión preventiva no correspondería, pues Javier Cornejo, otro imputado en el causa, quedó con arresto domiciliario total.
"Hay que tener presente que el imputado que tiene una situación más grave que la de nuestro representado, don Javier Cornejo, hoy está con arresto domiciliario. Podríamos decir que ese debiera ser a lo menos el estándar. Dice el Ministerio Público que hay delito de lavado de activos, cohecho agravado, fraude al fisco y malversación. Nos hemos hecho cargo de todas las figuras penales y todas presentan anomalías", sostuvo al respecto.
Añadiendo que "la prognosis de pena que hace el Ministerio Público no es la única verdad. Podríamos decir qué pasa por ejemplo si el Ministerio Publico se equivocó, como ha ocurrido en otras oportunidades... el imputado podría eventualmente resultar absuelto y sería desproporcionada una prisión preventiva".
Con lo anterior, el defensor enfatizó en que "este cúmulo de casos que ha expuesto el Ministerio Público por si sólo no permite entender que estamos ante un peligro para la seguridad de la sociedad".
"Estamos hablando de conductas imputadas en el año 2021 y 2022 principalmente. ¿Qué necesidad tenemos hoy día de tener a la persona privada de libertad?", concluyó.
Cabe recordar que la investigación comenzó -de oficio por parte del Ministerio Público- luego de de que diversos reportajes evidenciaran irregularidades en la Corporación Municipal de Rancagua, entre ellos, empresas con contrataciones por trato directo, por $316 millones, irregularidades en licitaciones, y otros.
A lo anterior se le suma un informe de Contraloría de diciembre de 2022, el que detectó diversas irregularidades en compras públicas. Comenzada la investigación, se conocieron pagos por servicios no ejecutados, tratos directos, multas no aplicadas y la adjudicación de licitaciones fuera de norma.
