En la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que está indagando eventuales irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la contralora (s) Dorothy Pérez dio cuenta de una serie de auditorias que se han realizado a los organismos.
En los informes que presentó Pérez relacionados al SII, se dio cuenta que entre el 2015-2018, en 24 casos de Reposición Administrativa Voluntaria (RAV) y Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) no presentaban el giro asociado al RUT del contribuyente, dejándose de emitir órdenes de ingresos por un total de $324.212.430.
Asimismo, en siete sumarios, el SII determinó responsabilidades administrativas y aplicó sanciones a funcionarios por no girar oportunamente impuestos, pero no persiguió responsabilidades pecuniarias ni lo informó al Consejo de Defensa del Estado, pese a la existencia de daño patrimonial por $1.020.635.469, prescribiendo la responsabilidad civil.
En la auditoría sobre funcionamiento y la capacidad de usuarios concurrentes de la plataforma de Operación Renta 2023, en 120 casos (de 224) sobre incidentes de seguridad de información hay inconsistencia de datos con la planilla electrónica enviada a la Contraloría.
En esa línea, declaró que el SII no inició aplicación de multa por $19.019.310, por retardo de la empresa que certificó componentes de sistemas para Operación Renta 2023 y no aportó evidencia de que tales retrasos fueran por su causa, como lo sostuvo.
En relación a la auditoría y examen de cuentas a los gastos por horas extras el 2019, Pérez dijo que se determinó pago de horas extras no acreditadas a personal de fiscalización por $174.034.085. Otras sólo parcialmente acreditadas, quedando un monto sin acreditar de $139.825.013.
También se objetaron horas extras por labores de oficina por $251.858.351, sin sustento de ejecución en los registros de asistencia; y otras acreditadas sólo de manera parcial, quedando $54.606.243 pendiente de acreditar.
En relación a la auditoría al proceso de entrega del aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media el 2020, el informe reveló que 521.434 personas recibieron el Bono Clase Media sin cumplir con los requisitos legales y se les pagó un total de $249.891.008.000
Caso Hermosilla
La contralora subrogante descartó haber tenido conversaciones con los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, ambos siendo investigados por el caso del factoring Factop.
"No conozco al señor Hermosilla, nunca he hablado con él, nunca me he reunido con él, nunca he tenido ninguna conversación de ningún tipo, ni profesional, ni por escrito tampoco, ni en la Contraloría, ni fuera de la Contraloría", dijo Dorothy Pérez.
Ahora, respecto a Leonardo Villalobos, señaló que "tampoco es que yo tenga una relación de ningún tipo con ella, lo que sucede es que su marido, que es un ex funcionario del Ministerio de Educación, donde yo trabajé durante casi dos años, hace muchos años, en el año 2014, me invitó a una actividad a su domicilio, y yo no sabía que estaba casado con la señora Villalobos".
Dijo que fue una "actividad social, una tertulia, donde habían diez personas más, todas ex funcionarios, no autoridades, y tampoco personas que tuvieran alguna relación con la Contraloría (…) Esto me va a permitir aclarar y despejar, de una vez por todas, aquellos comentarios malintencionados que yo he visto".
"Todo ese tipo de especulaciones que se han hecho, la verdad es que es un error, y es un error grave, que no solo empaña a las personas, sino que también, eventualmente, a las instituciones", cerró.
