, llegaron junto a sus abogados, hasta las dependencias de la Fiscalía Nacional, en calle Catedral, para declarar en el marco del caso Convenios. Esa jornada, también declaró la directora de Presupuesto, Javiera Martínez.
Los militantes de Revolución Democrática -principal tienda del Frente Amplio implicada en la indagatoria por traspasos irregulares-, se enfrentaron a las preguntas de los fiscales en calidad de imputados. Si bien era parte de las diligencias en la indagatoria, la acción también fue impulsada por los diputados republicanos,
Cristián Araya y Juan Irarrázaval, en medio de la ampliación de la querella que presentaron por el caso.
La instancia se extendió por cerca de dos horas y media en el caso de Crispi, y una hora y 40 minutos con Jackson. Al salir del edificio, ninguno emitió declaraciones a la prensa.
Según se conoció entonces -a través de su abogado-, Jackson habría señalado que se enteró del caso de Democracia Viva a través del reportaje del medio antofagastino Timeline -que destapó las irregularidades en los traspasos-, mientras que en el caso de Crispi, se intentó indagar en la relación laboral que tenía con la arquitecta Verónica Serrano, quien además de ser su tía, era jefa del Programa de Asentamientos Precarios entre julio y diciembre de 2022.
Este lunes, se conocieron nuevos detalles aquellas declaraciones de los imputados -a las que accedió El Mercurio- ante el fiscal regional Juan Castro Bekios, el fiscal Cristian Fernando Aguilar, y el jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos.
Jackson: "No conocía la existencia de Democracia Viva"
El ex ministro Jackson, señaló ante los persecutores que no participó en ninguna instancia del CAIGG (Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno) mientras se desempeñaba en la Segpres, "sino solo a la subsecretaria Macarena Lobos Palacios, dado que esta responsabilidad recae en ella, por el cargo que desempeñaba, y no a mí", indicó.
En esa línea, precisa que con fecha 25 de marzo de 2022 "firmé en conjunto con el Ministro de Hacienda y el Presidente de la República un oficio que instruye el buen uso de los recursos públicos, particularmente debido a la situación económica y a los efectos post pandemia. En ese oficio se da continuidad a un conjunto importante de instrucciones dadas por el gobierno anterior y se innova en otras, pero en lo relativo al CAIGG se mantiene prácticamente igual en lo sustantivo".
"Posteriormente firmo el decreto presidencial del mes de junio de 2022, “en la que nombramos a Daniella Caldana como auditora general de gobierno, que corresponde a la persona que dirige y ejecuta el presupuesto del CAIGG. Cuando ella es nombrada se realiza un comunicado de las razones por las cuales es nombrada, destacando que ocupó el mismo cargo entre los años 2014 a 2018. A ella no la conocía de antes ni tuve mayor relación con ella después", expresó Jackson.
"Yo no conocía la existencia de la Fundación Democracia Viva hasta esos días del mes de junio, ni menos que Daniel Andrade formaba parte de ella. Eso lo conocí desde el 16 de junio".
Ex ministro Giorgio Jackson ante Fiscalía
Consultado por los cambios de criterio que hubo respecto de la reportabilidad de los servicios, el ex ministro contestó que "esto fue una decisión técnica tomada íntegramente por la auditora general Daniella Caldana. Ella en una declaración pública señala que dicha decisión fue tomada por razones técnicas y que la eliminación de esas columnas de reportabilidad se hacían por criterios de eficiencia del tiempo de los funcionarios auditores".
Asimismo, Jackson sostuvo que durante el desempeño de sus funciones como ministro "nunca recibí información respecto de la existencia de transferencias de fondos fiscales del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en favor de fundaciones", y precisa que se enteró las transferncias de fondos realizadas a la Fundación Democracia Viva, "el día 16 de junio, por medio de la publicación de Timeline".
No obstante aquello, el ex ministro sostuvo que "unos días previos" a la mencionada fecha, "en una reunión con mi equipo asesor, dentro de muchos temas que conversamos, aparece el rumor que había un problema relativo a transferencias en Antofagasta que involucraba a integrantes de mi partido, pero sin ningún detalle".
Y añade: "yo no conocía la existencia de la Fundación Democracia Viva hasta esos días del mes de junio, ni menos que Daniel Andrade formaba parte de ella. Eso lo conocí desde el 16 de junio".
Posterior a ese día, sostiene Jackson en su declaración, se enteró de la reunión telemática que se hizo "entre el presidente del partido (en ese entonces Juan Ignacio Latorre), al menos Carlos Contreras y Daniel Andrade, y en la que también intervino Edson Dettoni, por el partido, sobre este tema en donde se le habrían pedido antecedentes sobre los convenios que no entregaron, lo que justificó su posterior expulsión y presentación de querella".
Consultado por su relación con Andrade, Jackson dijo que "lo conocí como dirigente estudiantil el año 2017 y luego cuando ingresa como militante de Revolución Democrática, siendo parte de la dirigencia el año 2020. Tan solo mantuvimos una relación en el marco de la militancia".
En tanto, a Carlos Contreras, "lo conocí seguramente en uno de los viajes que realicé a Antofagasta como parlamentario, pero no recuerdo año. Sí sabía que era parte del partido y que trabajaba con la diputada Catalina Pérez".
A la diputada Pérez, afirmó el exmilitante RD, "la conocí cuando entró al partido y luego es electa en el distrito de Antofagasta, siendo compañeros de bancada por 4 años y después ella es electa presidenta del partido, por lo que tuve una relación fluida con ella mientas fui parlamentario".
Sobre las repercusiones del caso, Jackson dijo que "una vez que estalla esta crisis produce un gran impacto mediático por lo que conversaciones de toda índole se dieron los días sucesivos con mucha gente, sin embargo no tengo ningún antecedentes más que aportar. A esa altura tampoco formaba parte de Comité Político del Gobierno".
Declaración de Crispi
Más extensa fue la declaración del jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi Serrano. En la instancia, Crispi afirma que mientras se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Regional "no tuve ningún contacto o reunión que recuerde con el CAIGG", época en que "no tenía mayor información sobre sus funciones". Asimismo, afirma que en 2022, como Jefe de Asesores, "tampoco".
Crispi afirmó también que durante el periodo de tiempo en que Jackson ejerció como ministro de Desarrollo Social, "no tengo conocimiento de su relación con el CAIGG".
Consultado por si existió alguna instrucción por el tema de las transferencias a fundaciones, Crispi respondió: "a lo consultado, desconozco, en el ejercicio de los cargos que he ejercido, si ha existido alguna instrucción, memo u oficio desde la SUBDERE o desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia sobre la omisión de información de transferencia de fondos a Fundaciones sin fines de lucro por parte de las instituciones del Estado que debiera conocer el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno".
"La conversación telefónica antes mencionada (con la ex subsecretaria Tatiana Rojas) la efectué dado que el mismo día, antes, un asesor de mi equipo de nombre Gabriel Ossandón personalmente me dice que ha tomado conocimiento de un rumor que señala que Daniel Andrade tendría una fundación y que esta fundación tendría un convenio con la Seremi de Vivienda de Antofagasta".
Miguel Crispi ante Fiscalía
"Misma respuesta debo dar en relación a cualquier otra autoridad de gobierno, como la DIPRES, como me consulta, no tengo información que aportar", agregó.
Asimismo, afirmó que "no he impartido ninguna instrucción al Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno (CAIGG) en los cargos que he ejercido relativo a transferencia de fondos fiscales en favor de fundaciones sin fines de lucro y tampoco he tenido información que otra autoridad hubiere dispuesto instrucciones sobre la referida materia".
Frente a Democracia Viva, a Crispi también se le preguntó sobre la fecha en que tomó conocimiento del caso. "Sobre Democracia Viva, el día 7 de junio tuve una conversación telefónica con la exsubsecretaria Tatiana Rojas, le consulto si tiene alguna información en relación al vínculo que tendría una fundación dirigida por Daniel Andrade con la Seremía de Vivienda de la región de Antofagasta, cuyo Seremi en ese momento era Carlos Contreras, a lo que me contesta que sí ha tenido información al respecto, que se están levantando antecedentes".
Junto con esto, aseguró que "no tomé conocimiento de los roles específicos que cumplían los miembros de esta fundación, del detalle de transferencias, del nivel de ejecución o no de determinados servicios u otros aspectos particulares de esta situación. En resumen nunca tuve a la vista algún tipo de antecedente que me llevara a formarme la convicción de estar frente a algún tipo de delito".
Posterior a aquello, Crispi entrega el nombre de uno de los miembros de su equipo, quien le habría alertado del rumor sobre los convenios. "La conversación telefónica antes mencionada la efectué dado que el mismo día, antes, un asesor de mi equipo de nombre Gabriel Ossandón personalmente me dice que ha tomado conocimiento de un rumor que señala que Daniel Andrade tendría una fundación y que esta fundación tendría un convenio con la Seremi de Vivienda de Antofagasta".
Añade que "probablemente también me haya alertado de que ambas personas, esto es Daniel Andrade y el seremi de ese entonces, Carlos Contreras, tenían vínculo estrecho con la diputada Catalina Pérez. Dicha alerta de carácter político comunicacional, no fue acompañada de ningún tipo de antecedente formal y todo eso me lleva a llamar a la subsecretaria".
Consultado por sus siguientes acciones, el sociólogo señaló que tras el 7 de junio "no conversé nuevamente con la subsecretaria Rojas hasta después de que el hecho se publica en un medio de Antofagasta". Luego, precisa que "sobre este tema le informé al Presidente Boric de manera personal el día 16 de junio. Lo informado corresponde a lo que yo sabía respecto a este asunto, en ese momento, que es lo que he expuesto anteriormente".
Tras la publicación, dijo, y de los antecedentes que fueron develándose y recopilándose, "creo que podría haber algún tipo de irregularidad en estos convenios desconociendo su naturaleza penal o jurídica".
El rol de Verónica Serrano y su relación con otros imputados
Los fiscales también indagaron en el rol de su tía, la arquitecta Verónica Serrano, quien fue jefa del Programa de Asentamientos Precarios entre julio y diciembre de 2022. Esto, porque Crispi fue subsecretario de Desarrollo Regional hasta el 8 de septiembre de ese año.
"Doña Verónica Serrano es mi tía, es hermana de mi madre, ella fue jefa de Asentamientos Precarios del Minvu durante 2022, pero durante ese lapso de tiempo nunca tuve ninguna conversación del ámbito laboral, de cualquiera tipo con ella", respondió Crispi.
Agregó que "doña Verónica tiene una larga trayectoria en el servicio público de más de 20 años dentro de las cuales fue jefa de la división de arquitectura del MOP y Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, no recuerdo los años. Actualmente, ella trabaja en el Programa dependiente de la SUBDERE que se encuentra ejecutando el proyecto Nuevo Eje Alameda Providencia".
En cuanto a su relación con Andrade, el sociólogo aseguró que "no soy amigo de Daniel Andrade, ni de Carlos Contreras, sólo los conozco dado la militancia común que compartimos antes de sus expulsiones".
Sobre la diputada Pérez, Crispi aseguró que "puedo decir que la conozco por la militancia común y por haber compartido con ella durante 4 años en el Congreso como diputados. Además de haber sido ella presidenta del Partido".
Sobre el rol que ejerció Serrano, el ex diputado dijo que "lo supe después que esto estalló, relacionado con mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas que viven en los campamentos como de su erradicación".
Por último, al ser consultado la fundación Procultura -investigada por el millonario pago para la restauración de fachadas-, Crispi respondió: "yo haciendo uso de mi derecho de exponer señalo que en relación a la querella de Republicanos en mi contra por una supuesta malversación al Fisco en el caso Fachadas, dicha querella no acompaña ningún antecedente que pudiera siquiera suponer alguna irregularidad, ni menos una malversación".
Añade que, "al contrario, cada uno de los actos administrativos referentes a este caso, que se inició durante el gobierno anterior, dan cuenta del estricto cumplimiento de las diversas norma y procedimientos administrativos que regulan la ejecución y financiamiento de las iniciativas referidas al programa de puesta en valor del patrimonio".
