Una interna dio a luz solo con ayuda de otras reclusas en la cárcel de Iquique; mujeres embarazadas en el centro penitenciario de San Miguel no cuentan con estándares mínimos sanitarios, y en los penales que albergan población masculina, como Colina 1, las condiciones tampoco serían mejores. Al menos de eso dan cuenta un fallo de la Corte Suprema, un recurso de amparo y otro de protección conocidos solo en los últimos dos meses. Y ese es el contexto, sumado a los índices de sobrepoblación penal y recomendaciones internacionales, en que el Ministerio de Justicia oficio a Gendarmería, solicitándole informar mensualmente a jueces y fiscales el numero de internos, capacidad y condiciones de las distintas cárceles del país. La cartera busca que todos los actores del "sistema de justicia penal" tengan a la vista estos datos y se hagan responsables de la situación penitenciaria, dado que solo en 24 meses se paso de cerca de 40 mil internos a poco mas de 50 mil a nivel nacional, de acuerdo con cifras de Gendarmería. Criterio relevante, por derechos y medidas de seguridad en penales En ese sentido, el ministro Luis Cordero sostiene que "la sobrepoblación es responsabilidad del sistema de justicia en general, pues Gendarmería es solo receptor de las personas privadas de libertad". Insistiendo en que "queremos que todos quienes participan del sistema de justicia penal tengan claros los números de las personas privadas de libertad, su situación y los efectos de la sobrepoblación, entre otras cosas, para velar por los derechos de las personas que se encuentran dentro de los establecimientos", pero también por la "seguridad" de los mismos centros penitenciarios y sus posibilidades reales de segregación en estas condiciones. La idea, dice el secretario de Estado, es que "todos sepan la disponibilidad de cupos que tiene el sistema". Y ello esperaría, por ejemplo, que se tuviera en consideración al momento de decretarse una prisión preventiva para un imputado por algún delito, apunta.
