La
Contraloría General de la República concluyó que
"es procedente" la firma del convenio hecho por el subsecretario del interior,
Manuel Monsalve, y autoridades del régimen de Venezuela.
Esto, en respuesta a la solicitud hecha por los diputados opositores Gloria Naveillán, Cristián Labbé y Christian Moreira.
"Tras el análisis de los antecedentes, este organismo de control determinó que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP)
sí está facultado, en su calidad de órgano de la Administración del Estado, para celebrar convenios interinstitucionales de carácter internacional con entidades extranjeras, que incidan en asuntos propios de su ámbito de competencia", señala el ente contralor.
Contraloría señala así también que "el pronunciamiento de la CGR manifiesta que, ajustándose al artículo 35 de la ley N° 21.080, y teniendo en cuenta el recrudecimiento de la delincuencia organizada transnacional, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP) de Chile suscribió dicho acuerdo para promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia. Y, en ese contexto, pacta con su contraparte, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela, la mutua colaboración, para facilitar el intercambio de la información necesaria para la investigación de delitos que son expresión de la criminalidad organizada".
El convenio fue firmado el 18 de enero por Monsalve con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de dicho país.
En el documento, ambos territorios se comprometieron a promover una serie de acciones, entre ellas, capacitaciones mutuas, la generación de alertas tempranas relativas a los nuevos modus operandi con que operan las bandas criminales, el mantenimiento de una lista de prófugos de la justicia y el intercambio de antecedentes penales de blancos investigativos.
Sin embargo, hasta la fecha, este acuerdo aun no está en ejecución. Esto, debido a que Venezuela no ha nombrado la contraparte suya para realizarlo.
"La implementación de ese convenio requiere de dos elementos que no han ocurrido. Uno, que es que Venezuela nombre una contraparte de su policía, cuestión que no ha ocurrido. Yo hace dos días hablé con la Embajada de Chile en Venezuela, volví a preguntarse que Venezuela había entregado su contraparte, que implica un nombre de la policía venezolana, con la cual tenemos que ponernos de acuerdo la policía nuestra, que es la Policía de Investigaciones para el intercambio de información", sostuvo hace unos días el subsecretario.
Y añadió que "eso no ha ocurrido, por lo tanto no se puede implementar el convenio, no se puede producir el intercambio de información en el marco del convenio sin que Venezuela nombre esa contraparte. Y después que la nombre, tienen que establecer y acordarle el formato por el cual se va a intercambiar la información. Eso no ha ocurrido, por lo tanto el convenio se firmó, pero no se ha podido implementar por las razones que les estoy mencionando".
