"Dar cumplimiento de la sentencia apelada configura un escenario altamente peligroso para la administración penitenciaria del C.P. (Complejo Penitenciario) de Arica, dado que los estándares de seguridad de los establecimientos locales carecen de recursos logísticos y humanos adecuados para desarrollar una contención eficiente a la hora de afrontar situaciones de crisis que puedan generar internos de alta peligrosidad como los amparados".
Ese es uno de los argumentos centrales del recurso de apelación ingresado por la abogada procuradora fiscal de Arica del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Ana María Cortés, ante la Corte Suprema, donde impugna la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de dicha región, que acogió recursos de protección en favor de 19 de los 38 integrantes de Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua, ordenando su comparecencia al juicio oral, que comienza este lunes en el Tribunal de Oral en lo Penal (TOP) de la ciudad.
La acción fue ingresada anoche, y según confirmó el propio ministro de Justicia,
Luis Cordero, va en paralelo con la solicitud realizada por Gendarmería al propio TOP, donde solicita aplazar por "al menos 30 días" la instancia programada para este lunes, advirtiendo la "imposibilidad" de cumplir con la sentencia, por temas logísticos y de seguridad. En esa línea, desde el Gobierno señalaron que de otorgarse esta prórroga, se permitiría al máximo tribunal resolver la apelación ingresada.
En su acción, el CDE detalla que la cárcel de Arica no tiene cupos ni infraestructura suficiente, agregando que ya mantienen a miembros de otras bandas criminales como el Tren del Coro y el Tren del Norte, así como a algunos integrantes de Los Gallegos.
"Dado su perfil criminógeno, estos privados de libertad deben estar recluidos de forma separada en módulos de seguridad; sin embargo, la unidad penal solo cuenta con un módulo de seguridad, separado en tres niveles que convergen en un patio común", señala el recurso.
Junto con esto, advierte que si bien los imputados pertenecen a la misma organización, "la experiencia penitenciaria reciente ha demostrado que mantienen conflictos personales entre ellos, razón que ha forzado a la institución a disponer el cumplimiento de las prisiones preventivas en distintas unidades penales del país".
Además, plantea que la región de Arica ofrece características idóneas para intensificar las actividades criminales, dada su ubicación cercana a la frontera que el territorio nacional comparte con Perú y Bolivia,
"naciones donde la organización delictiva también ha reportado actividad. De este modo, el cumplimiento de la sentencia apelada conllevaría trasladar a los amparados a una ubicación geográfica propicia para realizar acciones de coordinación transnacional de los negocios ilícitos a los que se dedica esta banda".
Traslados diarios implican riesgo de fuga
Así, el organismo de defensa estatal también menciona que el cumplimiento de la sentencia obligará a Gendarmería a realizar el traslado diario de los reclusos desde la cárcel al tribunal, un trayecto de 11 kilómetros. Lo anterior, según el CDE, "es un escenario ideal para la coordinación conducente a maniobras de fugas y rescates de privados de libertad que arriesgan altísimas penas". En este sentido, proyectan además que el proceso tendría una duración aproximada de entre seis meses y un año.
También, expresa reparos respecto de la capacidad del propio tribunal donde se realizará el juicio, señalando que no cuenta con instalaciones que permitan separar a los imputados con conflictos, y que incluso existen antecedentes que permiten presumir que jueces, fiscales, defensores, querellantes, testigos y hasta los mismos acusados "se enfrentan a un potencial riesgo de ver amenazada su seguridad individual e integridad física".
En resumen, el consejo sostiene que el cumplimiento de la sentencia "obligará a desplazar toda la fuerza operativa de Gendarmería de Chile a una sola región del país, afectando a la reacción operativa de la institución ante algún evento crítico o de emergencia y la misma actividad diaria en materias de traslados y diligencias judiciales".
Riesgo de utilización de armamento de grueso calibre y explosivos
Gendarmería, en tanto, en su petición de prórroga al tribunal a cargo del proceso, apuntan a una serie de riesgos en el cumplimiento de la sentencia, señalando, entre otros aspectos, que el traslado debe ser terrestre y en largas distancias del país, pues hay imputados incluso en la región del Biobío.
En esta línea, indican que esto implica recursos logísticos que obligarían "a dejar de lado varias labores para poder destinar esfuerzos exclusivamente al movimiento de los imputados hasta la ciudad de Arica".
Además, desde la Dirección Nacional de Gendarmería indican que en "un entorno donde los sujetos podrían intentar planificar una fuga de los imputados, lo cual puede ser a cualquier costo, la presencia física en el tribunal se convierte en un blanco fácil para la perpetración de actos violentos".
Y agregan que "la utilización de armamento de grueso calibre y artefactos explosivos podría ocasionar un escenario de caos y pérdida de vidas humanas, no solo entre el personal del tribunal, sino también personal de las distintas instituciones, y más aún de los ciudadanos que podrían encontrarse en las cercanías".
Por lo anterior, sostienen que "se hace necesario aplazar el inicio del juicio oral por, a lo menos un lapso de 30 días, con el objeto de tener certeza de las circunstancias en las cuales este juicio se va a desarrollar y así poder poner a Vuestra disposición a los imputados que se encuentran distribuidos en las distintas regiones del país, logrando con ello poder mitigar los eventuales riesgos que podrían producirse, asegurando además la seguridad de los imputados y de nuestro personal".
