Ex ministra, Isabel Plá (UDI).
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"Lo que está proponiendo el gobernador es alterar la vida de las personas de ese supuesto 'rojo', esté donde esté instalado ese barrio, se va dañar la vida y el entorno de ese sector", dice tajante la
ex ministra y la carta de la UDI, Isabel Plá, para competir la gobernación de la RM, liderada por Claudio Orrego (DC).
Ayer, la autoridad regional reactivó un debate que ya se ha dado en otras oportunidades y que, sin excepción, suscita polémica. Ayer, en su cuenta de X, Orrego publicó que "la situación que afecta al barrio 10 de Julio con alta sensación de inseguridad, comercio sexual en la vía pública e incivilidades en sus calles está sucediendo en gran parte de Santiago".
De esta manera, añadió que "necesitamos con urgencia más presencia policial en la zona y contar con un Barrio Rojo que regule la prostitución en Santiago".
En conversación con Emol, Plá dice que instalar un barrio rojo "es una señal muy oscura, que hemos perdido la batalla y entreguemos espacios de la ciudad, y eso me parece totalmente equivocado". Al mismo tiempo, precisa que lo que corresponde es "poner toda la fuerza en la seguridad de los barrios, no en liberar espacios para ello. No pueden adaptarse las ciudades a actividades del crimen".
"Entregar la ciudad a actividades con las cuales crece el crimen, como lo hizo la alcaldesa de Santiago (Irací Hassler) en un principio, cuando se la entregó al comercio ambulante, tiene resultados desastrosos", comenta la ex ministra.
A su juicio, lo que necesita la RM y donde debe estar concentrada la gestión y el presupuesto, es "en más barrios seguros, no barrios rojos, no barrios liberados al delito, y esa tiene que ser la prioridad". Esto, porque "donde hay prostitución callejera hay delitos, hay tráfico de drogas, abuso a las mujeres, y eso es lo que se está proponiendo finalmente, bajo rojo".
Con todo, la eventual candidata del gremialismo plantea que erradicar las actividades ilegales, que de paso, generan crímenes asociados, "necesita decisión política y poner todos los recursos y la gestión ahí, y el gobernador debe ser articulador de eso; asegurar fiscalizaciones, que la dotación policial esté donde más se necesita y que toda la ley se está cumpliendo para erradicar esos delitos y proteger a las familias y actividades económicas que están dañándose alrededor de esos espacios".
