El asesinato de tres Carabineros en Cañete, región del Biobío, conmocionó al país, e impulsó a distintas autoridades a proponer medidas, algunas más polémicas que otras.
Entre las iniciativas sugeridas se encuentran pedidos por la restauración de la pena de muerte -derogada en 2001-, que se declare estado de sitio, acelerar la tramitación de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y la ley de inteligencia, y la entrega de mecanismos de protección a policías.
La más polémica: pena de muerte
Quizás la medida más polémica fue la sugerida por el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz (Ind-ex DC). La autoridad, tras el crimen de los carabineros, declaró en Radio Cooperativa "espero que el Gobierno envíe un proyecto de ley al parlamento y que sea acogido por los parlamentarios, por ejemplo, para reponer la pena de muerte a quienes asesinen a los policías".
"O, por ejemplo, que la Defensoría Penal Pública jamás defienda a personas que asesinan a policías", añadió.
La propuesta no solo fue sugerida por el gobernador. Y es que el diputado Johannes Kaiser (Ind), poco después de Díaz, anunció a través de su cuenta de X que se encuentra trabajando en "en un proyecto de ley para restablecer la pena de muerte para quien asesine a un carabinero, policía o a un miembro de las FF.AA".
Días antes, otro gobernador, Rodrigo Mundaca, de Valparaíso, ya había abierto el debate sobre el considerar restituir la pena de muerte.
Estado de sitio
Desde la oposición en general se repitió la solicitud de declarar estado de sitio en la macrozona sur, algo que ya se había intentado en otras oportunidades.
"Exigimos que el Gobierno decrete estado de sitio en Arauco, que convoque al consejo de seguridad nacional, que refuerce las fronteras para evitar cualquier huida y que despliegue de todas las fuerzas policiales y militares que sean necesarias para capturar a los asesinos de estos Carabineros", informó el Partido Republicano a través de un comunicado.
José Antonio Kast -ex candidato presidencial del partido-, asimismo, señaló a través de su cuenta de X que "llegó la hora de terminar con el buenismo y atacar con fuerza el terrorismo. Estado de sitio, cierre y fortalecimiento de fronteras y destitución del gabinete de seguridad urgente".
Pero no solo los republicanos exigieron la medida. El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (UDI) y la diputada Camila Flores (RN) también apoyaron avanzar en esa línea.
Hay que recordar que el estado de sitio se decreta en casos de guerra interna o grave conmoción interior en el país. Es el Presidente de la República -con previa autorización del Congreso- quien puede decretarlo. Puede extenderse por un máximo de 15 días (con prórroga) y da facultades especiales al Gobierno para mantener el orden.
RUF y Ley de Inteligencia
Dos de las medidas propuestas, al menos, acelerarán su discusión esta semana en el Congreso: promulgar los proyectos de ley que regulan las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y la Ley de Inteligencia.
Las RUF concitaron debate hace algunas semanas. Corresponden a un conjunto de normas que regulan la actuación de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en situaciones donde se requiere el empleo de la fuerza. El proyecto está desde abril de 2023 en el Congreso, con urgencia suma.
A comienzos de abril, el Ejecutivo ingresó indicaciones. Poco antes, en marzo, sus propuestas habían sido criticadas.
Y es que uno de las modificaciones que planteaba el Gobierno se encontraba el "uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores".
Tras el homicidio de los carabineros, en el Congreso suspendieron la semana distrital que estaba programada para esta semana, con el fin de dar celeridad a la tramitación de estas iniciativas.
Amnistía
Otra de las propuestas que surgió tras el asesinato de los carabineros en Cañete fue la de amnistiar a uniformados formalizados durante el periodo del estallido social.
"El proyecto de amnistía que ingresamos esta semana debe ser respaldado y despachado", escribió en X el presidente de la UDI, Javier Macaya, adjuntando una foto con la moción.
Tanto Chile Vamos como Republicanos prestó su apoyo, aunque desde el gobierno, a través de la ministra Carolina Tohá, descartaron por el momento evaluar esta iniciativa, argumentando que no tiene relación con la coyuntura.
