Pero no es el único foco ni preocupación de estas últimas semanas.
ocurrido el pasado sábado en Cañete, Región del Biobío, hizo que el Parlamento diera celeridad a las discusiones
En conversación con
Emol, expertos en seguridad detallan algunas de los ajustes que hoy se hacen necesarios para enfrentar el avance del crimen organizado y el terrorismo, dos de los flagelos que marcan la crisis de seguridad que vive el país.
Más (y mejores) cárceles
Hace un año, el fiscal nacional Ángel Valencia dijo en su primera cuenta pública que era factible hacer cárceles "estrictas, severas, a las que los acusados y condenados teman ir, a las cuales no quieran ir y que impidan que sigan delinquiendo desde ellas. Cárceles severas para cabecillas del crimen organizado, no para cualquier imputado".
En esa línea, propuso un modelo de cárcel como el de Italia, quienes "optimizaron su esfuerzo para combatir el crimen organizado, crearon nuevos cárceles respetando los estándares europeos en materia de Derechos Humanos". Valencia apuntaba al régimen "41 Bis", un régimen penitenciario que implica un estricto aislamiento para los jefes de las mafias.
La discusión por aislar a los reos de mayor peligrosidad -y hoy, a los líderes del crimen organizado-, lleva un largo tranco en el país. Aunque el ministro de Justicia, Luis Cordero, no se mostró muy de acuerdo con la propuesta de Valencia hace un año, hace tres semanas dijo al diario El País que "el Gobierno es partidario de avanzar en este tipo de cárceles de máxima seguridad y régimen penitenciario para el crimen organizado, y la evidencia hoy lo justifica".
No obstante, advirtió que lo anterior "requiere no sólo infraestructura, sino también de una regulación precisa".
El debate, por estos días, se ha centrado en la sobrepoblación carcelaria y el alto contacto criminógeno que existe en los recintos penitenciarios. Esto, mientras la licitación para otorgar la concesión de la nueva cárcel La Laguna, ya está abierta. En paralelo, Justicia ya implementó inhibidores de señales de celulares en tres recintos penitenciarios de la RM.
Modernizar a Gendarmería
Para Pía Greene, académica de la USS y experta en seguridad, hay varias herramientas en las que se puede avanzar mientras se construyen y concesionan nuevas cárceles. Una de esas materias apunta a modernizar Gendarmería. "Hay que darle un nuevo status, hay que convertirlo en una institución y no ser un servicio", afirma.
"Sería bueno que Gendarmería sea parte del Ministerio de Seguridad (cuando se cree), porque al final del día son los gendarmes los que están viviendo todo el día dentro de la cárcel, lugares donde se están replicando las mismas dinámicas de los barrios y ellos tienen que enfrentarlo como institución policial; en el fondo, son una policía penitenciaria", acotó la experta.
Greene también plantea que el área de reinserción de Gendarmería se vaya al Servicio Nacional de Reinserción y no esté en dicho servicio, "de manera que esta 'policía penitenciaria' pueda preocuparse específicamente de la seguridad del penal y de la seguridad de los internos".
En cuanto a la creación del Ministerio de Seguridad, la experta afirma que sería clave que ese proyecto avance, para que "realmente se pueda ver la coordinación interinstitucional con indicadores, con jerarquía, con mando, con metas conjuntas y con incentivos para que todos lleguen a un mismo objetivo".
Perfeccionar convenios
Para Jorge Araya, académico de la Usach y experto en seguridad, es importante perfeccionar los convenios que hoy existen con el resto de países latinoamericanos, "en materia de intercambio de información y expulsión de migrantes".
"Está muy débil la situación con Venezuela, pero tampoco tenemos mucho avance con otros países. Esto, para que no suceda, tal como viene ocurriendo, que se arresta a alguien y no hay cómo saber la identidad de ese sujeto o los antecedentes que tiene, porque ha entrado de manera irregular al país".
Sistema de Inteligencia y Unidad de Análisis Financiero
Araya también plantea que es clave que el Congreso debe "sacar, de una vez por todas, un nuevo sistema de inteligencia del Estado de Chile. Sabemos que tenemos la ANI, una Agencia Nacional de Inteligencia, que es un organismo pequeño, débil, con pocas atribuciones, que básicamente lo que hace es analizar información que circula, pero no tiene mayores atribuciones intrusivas, para realizar inteligencia".
"Eso hay que discutirlo a fondo, ver los niveles de autonomía que tiene que tener respecto del Gobierno de turno para darle garantía a todo el mundo, y sacarlo con urgencia porque se necesita inteligencia para combatir un fenómeno que requiere de inteligencia, como es el crimen organizado", precisó el académico de la Usach.
Al mismo tiempo, Araya dice que se deben fortalecer las capacidades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). "La ley que la rige le permite monitorear el sistema financiero y muchas empresas donde se puede hacer lavado de dinero y ese tipo de operaciones, pero la verdad, creo que orgánicamente tiene una capacidad bien limitada".
El académico comenta que desde la UAF básicamente se están remitiendo a recibir la información que por obligación legal tienen que reportar las instituciones cuando detectan algún fenómeno irregular, pero si las instituciones no reportan por fallas propias, "la UAF se queda ciega", acota.
"Entonces tiene que haber una facultad más directa de la Unidad de Análisis Financiero para ingresar a las cuentas, a la contabilidad de las distintas empresas y poder detectar manejos irregulares. Eso entre otras cosas", cerró.
En esta misma línea, Greene suma la importancia de mejorar no sólo la inteligencia a nivel nacional, sino que también potenciar la cooperación internacional en esta materia, "porque el crimen organizado es transnacional, y tenemos que tener mejores redes de contacto internacionalmente".
"Al mismo tiempo, tenemos que ser capaces nosotros también de poder ir entendiendo a través de la inteligencia cuál es el contexto nacional, como una radiografía del crimen organizado nacional de manera de poder ir atacándolo", cerró.
