Controversia generó en el mundo político la aprobación este jueves de una
indicación que devuelve a la
justicia militar los casos en que funcionarios de Fuerzas Armadas o fuerzas de orden cometan eventuales delitos, mientras colaboran en funciones de orden público bajo un estado de excepción constitucional.
Lo anterior, en el marco de la discusión del proyecto sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) que se llevó a cabo esta jornada en las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y Constitución de la Cámara de Diputados.
Mientras en la oposición celebraron el avance de la norma, en el oficialismo la criticaron con dureza y ya anunciaron reserva de constitucionalidad en caso de que siga con su trámite legislativo.
Entre quienes valoraron la indicación se encuentra el diputado del Partido Republicano e integrante de la comisión de Constitución, Luis Fernando Sánchez. "Yo creo que es un acto de justicia. Durante mucho tiempo hemos visto un actuar excesivo por parte de los tribunales, por parte de la fiscalía, en cómo tratan a las Fuerzas Armadas, cómo tratan a Carabineros, especialmente aquellos que han salido a la calle a cumplir con su misión, a cumplir con una instrucción que le han dado sus superiores", indicó.
Según dijo, "yo espero que esto avance, que se vote a favor en la Sala, que se vote a favor también en el Senado, porque ya hace mucho tiempo existe una deuda con nuestros carabineros y nuestros militares, de que reciban un trato justo y que se les juzgue por los hechos y no por las ideologías que guían la mirada y los oídos de muchos fiscales y jueces que lamentablemente toman las decisiones en estos casos".
Una mirada similar manifestó su par de RN, Camila Flores, quien afirmó que "es evidente que no todas las partes tienen las mismas garantías. Nuestros uniformados y particularmente Carabineros de Chile no tienen las mismas garantías que tienen quienes agreden, atacan y asesinan precisamente a nuestros uniformados, porque no hay un Instituto de Derechos Humanos que los esté defendiendo y les esté prestando asesoría jurídica a esos uniformados, porque no existe una defensoría para uniformados, para Fuerzas Armadas y Carabineros".
Mientras que el también RN, Jorge Durán, coincidió en que "las reglas deben estar siempre claras en todo aspecto, incluso en el aspecto de la justicia para los militares y para los carabineros. Más allá de este punto, me parece que el Ejecutivo y sus parlamentarios no quieren colaborar y darles garantías de seguridad a nuestras policías y militares, más cuando tenemos tres carabineros asesinados cruelmente en la macrozona sur y otro en la RM".
"No entiendo para qué hacen todo este show televisivo de decir una cosa y hacer otra en las respectivas comisiones. Empezamos con el show patético de la diputada Orsini y ahora vamos con el Ejecutivo anunció reserva de constitucionalidad. Claramente trabajan en base al rating de la televisión", complementó.
Desde la UDI, en tanto, el diputado Henry Leal manifestó: "Reglas claras para las policías. Logramos establecer causales de eximentes de responsabilidad penal de nuestras policías. No permitimos que estuvieran esas reglas diferenciadas. Se estableció también tribunales militares cuando estén involucrados militares para que sean juzgados por los suyos, y hemos fijados reglas clarísimas. Estamos haciendo una contribución para dar mayor protección y seguridad a nuestros policías".
"Retroceso"
Una visión diametralmente contraria expresaron en el oficialismo sobre la aprobación de esta norma. Por ejemplo, la diputada PC Carmen Hertz aseguró que es un "retroceso vergonzoso a las épocas dictatoriales en que la justicia militar fue, entre otras cosas turbias, una herramienta de salvataje de las asociaciones ilícitas de terrorismo de estado, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas hechas por funcionarios de las FF.AA. y de Orden".
"Legislar de manera irresponsable, a mata caballo sobre un tema tan delicado como las RUF, que tienen estándares internacionales muy precisos, la proporcionalidad, racionalidad y legalidad, significa arrodillarse al populismo abyecto y aceptar regresiones graves para el conjunto de la sociedad", apuntó.
A ella se sumó su par comunista Alejandra Placencia, quien, al igual que el Ejecutivo, hizo reserva de constitucionalidad sobre la indicación. "Creo que tenemos bastantes fundamentos como para decir que esto se va a caer en el Tribunal Constitucional (...) aquí lo que yo pido es responsabilidad. Acá lo que no tenemos que hacer es dar señales equívocas a la ciudadanía y con esto se pretende hacer un punto político, intentar decir que acá se resuelve un problema cuando lo que se está haciendo es profundizarlo", subrayó.
Por su parte, el diputado PS Raúl Leiva cuestionó que "en la justicia militar aplica el procedimiento inquisitivo, antiguo, secreto, en donde la misma persona instruye el procedimiento, una misma persona determina diligencias de esa causa, controla su legalidad y además sentencia. Eso sí que es muy retrógrado y la justicia militar está en ese sentido años luz hacia atrás".
"El Poder Judicial entrega plenas garantías. Eso lamento de la discusión en la comisión, en que parte de ella genera y lo manifiesta de manera expresa una desconfianza absoluta en el Poder Judicial. Y eso en un estado de derecho no corresponde (...) En un Estado de derecho lo que hay que hacer primero es respetar la independencia de los poderes y confiar que el Poder Judicial hará su trabajo", acotó Leiva.
