La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general el viernes el proyecto de ley que establece Reglas para el Uso de la Fuerza (RUF) -tramitación que tuvo mayor celeridad luego del triple homicidio de carabineros ocurrido en Cañete la semana pasada-, por lo que ahora pasa al Senado.
El proyecto tuvo 144 respaldos, aunque se excluyó el artículo que apuntaba a otorgar a la justicia militar la competencia de ver causas que involucraran a miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros. La Mesa de la Cámara declaró inadmisible la norma por alejarse de las ideas matrices del proyecto, posición que fue ratificada por 72 votos a favor de la admisibilidad, 71 en contra y una abstención.
En su primer inciso, la enmienda mencionaba lo siguiente: "Con todo, durante la vigencia de los estados de excepción constitucional, la protección de la infraestructura crítica, el resguardo de áreas de zonas fronterizas y el resguardo del orden público en relación a los actos electorales y plebiscitarios, a que se refiere la Constitución Política de la República, los delitos imputados a militares, en acto de servicio militar, en cumplimiento de sus labores, o con ocasión de ellas, serán siempre conocidos por los Tribunales señalados en el artículo 1° del Código de Justicia Militar. En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares".
En tanto, en su segundo y último inciso, exponía que "para los efectos de esta ley, se considerarán militares los funcionarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, constituidos por el personal de planta, personal llamado al servicio; el personal de reserva llamado al servicio activo, los soldados conscriptos, los oficiales de reclutamiento, los cadetes, grumetes, aprendices y alumnos regulares de las escuelas institucionales y de Carabineros de Chile".
El avance del proyecto fue valorado por una gran cantidad de parlamentarios, aunque hay quienes aseguraron que insistirán en la justicia militar en la Cámara Alta.
A favor
Dentro de quienes se encuentran a favor está el senador José Miguel Durana (UDI), pues en su opinión, "no hay garantías" para las uniformados en la justicia civil.
"Cuando actúan las Fuerzas Armadas, lo hacen a través de un Estado de excepción constitucional. Hoy día en todo Chile están pidiendo la presencia de las Fuerzas Armadas para poder controlar el crimen organizado, el terrorismo y, fundamentalmente, la migración irregular. La actuación de las Fuerzas Armadas y la actuación de Carabineros de Chile es un mandato del Estado para, obviamente, restablecer el orden y dar las garantías constitucionales en la marcha de un país. Y, por lo tanto, hoy día, a la alero de los últimos años, lamentablemente, se ha comprobado que la justicia ordinaria tiene una mirada que no condice a la actuación que tienen las Fuerzas Armadas y Carabineros para restablecer el orden. Por lo tanto, yo creo que, efectivamente, debiésemos respaldar que la actuación de nuestras Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, en el marco constitucional que están mandatados, tiene que ser juzgada a través de la justicia militar, porque no hay garantías en la justicia civil. Y, obviamente, aquellos civiles que se hayan involucrado, ellos sí o sí tienen que ser juzgados a través de los tribunales ordinarios", aseveró.
La diputada Camila Flores (RN), sostuvo por su parte que "por cierto que no es el proyecto que exactamente a nosotros nos hubiese gustado despachar, pero sin perjuicio de eso, creo que es un buen proyecto. Logramos incluir temas que para nosotros eran esenciales como son, por ejemplo, las presunciones de eximente responsabilidad, lo cual viene a proteger a nuestros uniformados, sobre todo, respecto de que la carga de la prueba de que supuestamente se generó un delito por parte de los uniformados, las va a tener la supuesta víctima y no los uniformados, como es lo que está ocurriendo el día de hoy que tienen que ellos demostrar finalmente su inocencia. Por lo tanto, me parece que es un buen proyecto, no el 100% que a mí me hubiese gustado pero sin perjuicio de eso creo que es un avance".
Sobre el tema de la justicia militar, indicó que "sin duda alguna que vamos a insistir en el Senado con incorporarlo, creo que es muy importante que así como en otros países del mundo, también en Chile, la justicia especializada, aquellos que realmente conocen de esta materia, sean quienes tienen que juzgar a los uniformados militares".
El jefe de bancada del Partido Republicano, Stephan Schubert, aseveró en tanto que las RUF "quedaron bastante mejor de lo que en algún momento estaba". Ahora, también mencionó que "afortunadamente rechazamos varios de los planteamientos del oficialismo que hacían inaplicable o muy difícil su aplicación. Esto tiene relación con absurdos como tener que distinguir la nacionalidad de la persona a la cual se está deteniendo o su origen étnico o también el repeler un eventual ataque con sonido o luces y cosas de ese estilo. Sin perjuicio de ello, por supuesto hay cosas que se pudieron haber mejorado, la solicitud de remisión a la justicia militar fue rechazada. Vamos a analizar si es que a la senadora (Carmen Gloria Aravena) le parece bien también reponerlas en el Senado, pero por ahora se rechazó su constitucionalidad solo por un voto, así que es un asunto que vamos a tener que analizar".
Desde el mismo partido el diputado Cristián Araya advirtió que "por primera vez en nuestra historia nos vemos obligados a llevar a rango legal las Reglas del Uso de la Fuerza y ¿por qué? Porque han sido muchos los fiscales y jueces indecentes convertidos en verdaderos activistas del octubrismo, los que han perseguido arbitrariamente a nuestros Carabineros y de nuestras Fuerzas Armadas, y por eso es tan importante erradicar sus causas en tribunales militares".
En contra
Uno de los principales actores que se ha manifestado en contra del artículo, es el Gobierno a través de sus ministros. La titular del Interior, Carolina Tohá, por ejemplo, ha mencionado que "las RUF rigen todas las actuaciones de las policías y las Fuerzas Armadas. Rigen cuando se combate una banda de crimen organizado, pero también cuando se trata con comerciantes ambulantes, cuando se desaloja una toma de escolares, cuando se actúa contra terroristas. Entonces, cuando haya un incidente de cualquier tipo, ¿vamos a mandar a esa gente a los tribunales militares a alegar? Eso es lo que se está proponiendo".
El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo en conversación con EmolTV durante la semana que la moción "es compleja, porque es un gran retroceso en el sistema institucional". "Cuando se involucra a la justicia militar, se distorsiona en parte el sistema, porque ya no estamos hablando de RUF, sino que estamos hablando de otro debate, que es la jurisdicción o el fuero penal en este tipo de asuntos", añadió.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también abordó esto precisando que "este tema que se puso de la noche a la mañana lo que ha buscado polarizar el debate y no buscar los acuerdos, y por lo tanto, no es positivo cuando necesitamos sacar con sentido de urgencia acuerdos en materia de seguridad que nos permita avanzar". Además, acotó que derivar los casos de involucran a los uniformados a la justicia militar, "debilita una democracia, debilita la transparencia y la garantía de los debidos proceso en esta materia".
Quien también se ha mostrado contrario es el presidente de comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC): "Ahora que el proyecto que regula el uso de la fuerza en las policías, y particularmente en las Fuerzas Armadas en situación de estado de excepción y cuando se les requiera para recuperar el orden público que va ahora a ser debatido en el Senado, seguro que van a haber algunos que quieran insistir en la utilización de la justicia militar como mecanismo para resolver algunas situaciones de controversia o de administración de justicia, pero creo que aquí hay una confusión. La justicia militar ha sido creada para resolver conflictos en tiempos de guerra, de guerra externa. Lo que creo yo que tenemos que hacer es tener buenas reglas del uso de la fuerza, que tanto las policías como las Fuerzas Armadas cuando sean convocadas, sepan exactamente lo que deben hacer y cómo tienen que hacerlo para poder actuar bien, y que en el caso que ocurra algún tipo de acontecimiento que requiera la justicia, hay que ajustar la justicia civil para que actúe bien y no en contra de las Fuerzas Armadas como también ha ocurrido".
"Hay que dar certezas, hay que generar un escenario tal que las instituciones del Estado puedan actuar en favor del Estado, pero no utilizar mecanismos que no corresponden como la justicia militar que está hecha para otra cosa. Bueno, tendremos un arduo debate, creo yo, si es que se vuelve a insistir en el mismo tono que ocurrió en la Cámara de Diputados, cosa que no creo que ocurra en el Senado, francamente", puntualizó.
El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a lo mismo la mañana de este sábado valorando las reacciones de los poderes del Estado tras el triple crimen, pero haciendo hincapié en la "involución" que se quería plasmar: "Hay diferencias, cuestiones que aparentan ser matices, pero que yo creo que tienen que ver con contenido como, por ejemplo, una involución que defendía la derecha de volver a reponer la justicia militar en el caso del tratamiento a consecuencias de una política de regla de uso de la fuerza que se sobrepasaba".
Por último, el diputado y jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, manifestó que "sigo insistiendo que la reacción que tuvo la política al horrendo crimen terrorista de tres carabineros es desordenada y no existe una ruta trazada que permita realmente enfrentar la crisis de seguridad que está afectando al país. Sin embargo, el lograr aprobar las reglas del uso de la fuerza en la forma que aprobamos con sentido de realidad y entregando a las policías un respaldo jurídico a su accionar, puedo considerarlo un avance concreto en las certezas jurídicas que ellos requieren. A pesar de las indicaciones del Gobierno, esta vez logramos avanzar con sentido común. Importante es no volver a insistir con el retorno de la justicia militar que, más allá de la constitucionalidad o la admisibilidad de las indicaciones, en el fondo no aporta a las garantías jurídicas que nos exigen las instituciones de orden público y también las Fuerzas Armadas".
