A la modificación al artículo 157 del Código Procesal Penal (CPP), introducida a fines de 2023 en el marco de la ley de usurpaciones 21.633, está invocando la Corporación Administrativa del Poder Judicial para poner fin a más de 6 años de gestiones judiciales hasta ahora infructuosas para desalojar a los denominados "okupas" que impiden habilitar las nuevas dependencias del Juzgado de Letras del Trabajo y Centro de Notificaciones Judiciales de Valparaíso. La norma, establecida en el artículo 157 TER del citado cuerpo legal, rige desde noviembre pasado consagrando la "medida cautelar real especial". Esta permite a las víctimas de una usurpación solicitar al juez que decrete el desalojo de los ocupantes ilegales con auxilio de la fuerza pública en cualquier fase del procedimiento, haya sido o no formalizada la investigación. Para ello, basta acreditar la inscripción del inmueble y antecedentes de la ocupación para citar en breve plazo a una audiencia a celebrar con los que asistan. Esta audiencia fue fijada para el 22 de mayo luego que la corporación que administra los bienes de ese poder del Estado interpusiera una nueva querella criminal que encamine la causa a su propósito de que se le restituya el inmueble del número 1754 de la calle Yungay, en el plan de Valparaíso, que compró en 2018, cuando el lugar llevaba medio año tomado. Las gestiones partieron pidiendo a los ocupantes que desalojaran voluntariamente, ofreciéndoles alternativas para que no quedaran en situación de calle. Al no prosperar, el organismo interpuso una primera denuncia por usurpación, abriéndose una causa que permitió identificar a dos de los presuntos infractores: el chileno Roberto Novoa y el inmigrante ilegal peruano Fabian Cossio. Solo el primero de ellos se presentó (en forma virtual) a la audiencia de formalización, donde dejó un fono para ser notificado.
