Pericias de la camioneta de los carabineros que fueron asesinados en Cañete el pasado 27 de abril.
AFP
El control de una medida cautelar de arresto domiciliario realizaban los tres carabineros -el sargento Carlos Cisterna y los cabos primero Sergio Arévalo y Misael Vidal-, cuando fueron emboscados y asesinados la madrugada del sábado 27 de abril en Cañete, región del Biobío. Tanto la policía uniformada como la Fiscalía Regional de La Araucanía, trabajan para dar con los responsables del crimen, un caso que remeció al país y que reinstaló un debate al interior de la institución, pues no es primera vez que se discute sobre el peligro que corren los efectivos policiales en la zona al controlar cautelares y medidas de protección cuando deben ir a sectores de difícil acceso y peligrosos, donde existe violencia rural organizada. En ese marco, el ministro de la Corte Suprema y quien fuera el visitador de los tribunales del Biobío por tres años,
Arturo Prado, planteó que "
por el momento Carabineros de Chile debe concentrar sus tareas en tratar de priorizar sus funciones en el terreno del control de los nudos más conflictivos de delincuencia o de la violencia rural y la seguridad de la población, a través de patrullajes permanentes de los focos de más álgida violencia", porque, agregó, "el control de una medida como el arresto domiciliario nocturno
en algunas ocasiones resulta una carga bastante gravosa para Carabineros considerando que los domicilios rurales en los que se comprueba la efectividad de la medida se encuentran muchas veces bien apartados del radio urbano". Sobre eventuales opciones para marginar a Carabineros de esta labor, el juez se numeró: "
Podría ser complementar esa medida cautelar con la firma periódica del imputado, ya sea en la Fiscalía o en dependencias de Carabineros", lo que "permite garantizar adecuadamente que el imputado se mantenga vinculado a la marcha del procedimiento".
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