Durante el fin de semana algunos parlamentarios cuestionaron la efectividad de tramitar dos "fast track" legislativos -uno económico que se zanjó el viernes pasado y prioriza 21 iniciativas, y uno de seguridad que se daría a conocer el próximo lunes 20-, pues además de ser un hecho "poco realista" -dicen-, se sumarían al que aún sigue pendiente -también en materia de seguridad- que se pactó en abril de 2023.
"El primer 'fast track' buscó con mayúsculas que se aprobaran proyectos urgentes para la ciudadanía; se aprobaron 23, a enero pasado, y de ahí se bajó el ritmo. La clave es retomar la velocidad en proyectos urgentes con las reglas del uso de la fuerza y el Ministerio de Seguridad", dijo el senador Juan Antonio Coloma (UDI), según consignó El Mercurio.
También desde la oposición, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton, dijo que "el problema que tiene el Gobierno es que en las reformas donde opera el sesgo ideológico no hay 'fast track' que aguante, ya que hay diferencias de fondo. Hay que ver lo que ha costado que superen aquello al menos cierta parte de su sector en materia de seguridad, con una resistencia constante de los sectores más radicalizados de la izquierda que han votado en contra parte de esta agenda".
Ahora, el diputado Jaime Araya, jefe de la bancada IND-PPD, sostuvo que "la base de un 'fast track' son acuerdos nítidos en materias críticas, y las disputas entre Gobierno y oposición son abismantes. Por lo tanto, más allá del esfuerzo comunicacional, es obvio que hay un nivel de ingenuidad preocupante; si queremos llenarnos de pseudoacuerdos, como en la ley de isapres, la gente va a quemar el Congreso".
Cabe mencionar que la semana pasada el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, aseguró que el también llamado "fast track 2.0" incorporaría "en primer lugar, el cumplimiento de lo que está pendiente del primer acuerdo" y luego "otras materias". En definitiva, "es una actualización respecto a las prioridades legislativas", recalcó.
En conversación con Emol, Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, afirma que la tramitación de los dos "fast track" "no es realista" y explica: "si bien son dos áreas que forman parte de las prioridades para la ciudadanía, ambas tienen condiciones de base distintas. Primero, el Gobierno no tiene mayoría en la Cámara y en el Senado. Segundo, aún cuando en la agenda de seguridad dominan las visiones de la oposición, existe cierta tensión con la propia coalición de Gobierno. En materia económica eso es incluso más crítico. Ahí se enfrentan posiciones ideológicas más polarizadas que, sumado a un Congreso con fragmentación partidaria, hacen más difícil que se apruebe. Probablemente la estrategia del Gobierno estará en buscar votos díscolos, pero eso requiere tiempo para una negociación con congresistas específicos".
Para el experto esto, eventualmente, también es una sobrecarga para el Congreso y "puede "tener un efecto contraproducente", es decir, "que el copamiento de la agenda legislativa haga que los proyectos no sean debidamente discutidos y, por ende, se dificulte la posibilidad de llegar a acuerdos". Aunque, advirtió que "eso no necesariamente es malo para el Gobierno. Siempre podrán argumentar que los proyectos se enviaron, pero que fue el Congreso quien no pudo aprobarlos".
Así, a su juicio, el camino podría ir por otra senda: "La discusión se ha llevado al plano legislativo, pero tanto en materia de seguridad como de economía, hay políticas que se pueden ejecutar desde el Gobierno sin pasar por el Congreso", acota.
Una apreciación distinta tiene Marco Moreno, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, pues en su opinión, la estrategia del fast track puede ser viable bajo ciertas circunstancias y estas son: "urgencia, consenso político, apoyo público, capacidad de negociación, simplicidad legislativa. Dado que estamos hablando de reformas complejas que generan controversia, este último factor puede amenazar la eficacia del fast track legislativo".
Según comenta, en entornos políticos estables y con instituciones fuertes, donde se respeta el Estado de derecho y los procedimientos democráticos, "el fast track puede ser implementado de manera más efectiva y transparente" y "no es un problema de capacidad institucional la sobrecarga legislativa. Es más bien un problema de voluntad, capacidad política y negociación del actual 'bibloquismo polarizado' lo que dificulta la tramitación legislativa".
Por lo mismo, expresa que se necesita de voluntad de cooperación entre los actores políticos para concretar acuerdos y mantenerlos en el transcurso del tiempo. "En sistemas que alientan la cooperación es más probable que surja un consenso. En el actual escenario de un 'bibloquismo polarizado' este objetivo se torna muy y difícil de lograr", insiste.
Javiera Delgadillo, docente adjunta y jefa de carrera de Administración Pública de la Universidad de O'Higgins (UOH), discrepa derechamente con Herrera, ya que para ella es "realista y necesario" lo que está ocurriendo.
"La ciudadanía necesita respuestas a las urgencias y, en ese sentido, la seguridad entendida no solo como 'más policías' es un tema prioritario: seguridad social, económica y ciudadana. Se trata de cerca de 20 proyectos que abarcan una gran área de políticas públicas, desde temas con amplia visibilidad como lo es infraestructura crítica, hasta descentralización, que no es un tema presente en la agenda pública actual, pero que es urgente para un importante porcentaje de la población", añade.
De acuerdo con lo que relata, en ningún caso esto se trata de una sobrecarga, más bien es una estrategia política "que se utiliza para acelerar una discusión de un tema que se entiende como prioritario para justamente los y las votantes de los y las parlamentarios/as, por lo que se trata de responsabilidad y cumplimiento del deber de representante".
Por ello, advierte que lo que se debe hacer es "pensar en políticas públicas estables en el tiempo, de largo aliento y que se hagan cargo de forma estructural de los problemas públicos del país. Es fundamental, entonces, retomar las grandes discusiones del país, me refiero a la reforma tributaria, reforma de pensiones y salud".
Por último, para Tomás Duval, académico de la Universidad Autónoma, el "fast track" es más bien "una idea de tener para quien gobierna, una agenda de materias que le interesa y, al mismo tiempo, que son prioridades, ya que por una parte el Gobierno hace responsable al Congreso de los posibles avances o retrasos y, por otra, dada la configuración del Congreso para avanzar, requiere los votos de la oposición".
"Con todo esto, pareciera que es posible establecer prioridades y tramitarlas en el Congreso, pero una sobrecarga de mensajes o mociones a tramitar tendría el efecto contrario, o si las materias a tratar en estos 'fast track' son vistas por la oposición no como prioridades, o los esfuerzos por acuerdos son estériles, una agenda legislativa tenderá a entramparse. Asimismo, la elección de las materias será muy decisiva, ya que la política ha entrado en un ciclo electoral que para los partidos es de alta importancia y, por otra, que el anterior fast track en seguridad no se cumplió en su totalidad, por tanto, no parece muy auspicioso este nuevo impulso legislativo, pero sí para el Gobierno en vistas de la próxima Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric", finaliza.
