El fiscal regional de Arica, Mario Carrera.
El Mercurio
"En ningún caso lo que se está denunciando tiene que ver con un fundamento militar". Con esas palabras, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, se refirió a la determinación de ayer del juzgado de garantía de la ciudad, que rechazó inhabilitarse en la causa por la muerte del conscripto Franco Vargas, quien perdió la vida el pasado 27 de abril recién pasado, en el marco de una marcha de instrucción realizada en el sector de Pacollo, a ocho kilómetros de Putre.
Esto tras la solicitud inhibitoria de competencias de la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book, por el caso. Con la determinación del tribunal, la Corte Suprema deberá "dirimir la contienda" entre las partes y determinar cuál será la institución que investigará la causa.
En conversación con Radio Universo, el persecutor defendió la postura de que el Ministerio Público realice las indagatorias. "La justicia militar, en los términos que la tenemos hoy día concebida en nuestra legislación, es una data del año 1944
, donde efectivamente no solamente el mundo era distinto a esa fecha, sino que también nuestro país".
"Los conceptos que se han acuñado y la cantidad de derechos y garantías son otros. Entonces eso efectivamente fue parte de lo que nosotros pusimos sobre la mesa ayer a la hora del debate en el tribunal y también los propios fallos de la Corte Suprema de los últimos años", dijo agregó el persecutor.
Consultado sobre el argumento que el eventual delito se realizó durante una instrucción militar, Carrera sostuvo que el mismo se dio en "bienes nacionales de uso público, no al interior de un recinto militar".
"Como Ministerio Público, ponemos el acento en dos cosas. Primero, cuál es el bien jurídico protegido, o sea, qué tiene de militar algún posible delito de tortura, como de otros. Pero en segundo lugar, es el estatuto de garantía y derechos que tienen las víctimas. (...) Tiene calidad de víctima la madre (de Franco Vargas). Y ella (...) se está viendo arrastrada a un proceso de carácter militar, teniendo la calidad de víctima, en circunstancias de que no cumple ese requisito", precisó el fiscal, señalando que la afectada bajo el sistema de justicia militar "no tiene acceso a las diligencias, tiene mucho más restringido su ámbito de acción, de solicitar cosas".
Los Gallegos
El fiscal regional también lleva adelante la acusación contra miembros de Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua en el norte del país. Durante el proceso judicial exhibieron registros de intervenciones telefónicas de delincuentes nacionales que daban cuenta de la presencia de una banda extranjera en la ciudad y relataban la peligrosidad del clan.
"Estos delincuentes tenían un temor real por otro grupo que había llegado a la región o a la ciudad", dijo el persecutor, añadiendo que "tuvimos una psicosis que fue bien compleja de abordar en cuanto a lo que sentía la ciudad".
También dijo que "no hubo una disputa" entre Los Gallos y los delincuentes chilenos, sino que ocurrió un "sometimiento" a las bandas nacionales.
