Desde el
26 de marzo -es decir, hace más de 50 días- existe un bloqueo en Puerto Coronel, terminal marítimo ubicado en la región del Biobío, por trabajadores eventuales, y si bien durante todo este periodo han ocurrido diversas acciones,
esta semana se ha acentuado el conflicto.
En los últimos días la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ha llamado a "buscar soluciones para retomar la actividad productiva"; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha arremetido contra la compañía asegurando que "es importante que las empresas midan las consecuencias de sus decisiones"; se ha designado a una persona para abordar la crisis, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; entre otras.
Cabe mencionar que, en medio de esta paralización, se han registrado hechos de violencia y amenazas a ejecutivos, y hay otros trabajadores que buscan retomar sus funciones (de hecho, respecto a esto último, hubo quienes decidieron recurrir a la justicia solicitando, a través de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción, que se apliquen las medidas necesarias para el desbloqueo del terminal).
En medio de un evento que organizó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) esta semana, Jara fue consultada al respecto y sostuvo que "en el Puerto Coronel hay una situación en la cual el Ministerio del Interior ha coordinado una mesa en la cual está participando el Ministerio del Trabajo para estar revisando la situación que ahí se da", pues "el paro la actividad portuaria es muy dañina para la economía".
Asimismo, dijo que "sabemos que tanto empleadores como trabajadores del Puerto Coronel en particular no han logrado establecer una vía de diálogo de solución efectiva (...) Así que nuestro llamado es a que la empresa pueda buscar soluciones que permitan retomar la actividad productiva. De todas formas, nosotros en lo que podamos colaborar vamos a estar siempre disponibles".
Poco después desde el puerto marítimo respondieron llamando al Gobierno a "asegurar el orden público" y a "actuar con decisión".
"Hemos gestionado tres mesas de diálogo con el fin de poder resolver el conflicto, pero ninguna con éxito. Nosotros tenemos un interés en que el puerto pueda retomar sus funciones y por lo mismo hemos realizado múltiples llamados a las autoridades y al Gobierno para que aseguren el orden público y ante delitos flagrantes actúen con decisión", señaló la empresa a través de un comunicado.
De todas maneras, comunicó que "estamos tomando acciones judiciales para poder acceder al puerto y así retomar nuestras operaciones en forma gradual y segura para el personal".
Según ha indicado la propia compañía, el bloqueo ilegal "no responde a un proceso de negociación colectiva, ya que ese convenio sigue vigente hasta 2025. Por el contrario, este paro es una acción de fuerza por parte de un grupo de personas que han manifestado su rechazo a medidas tales como la política de Alcohol y Drogas y la implementación eficiente y eficaz de turnos para contar con una operación segura".
Lo cierto, es que este acto no solo ha generado repercusiones en Chile, esta semana también se conoció que hay inquietud en Argentina. Y es que frutícolas de las provincias trasandinas de Río Negro y Neuquén denunciaron pérdidas por US$3 millones por no poder embarcar manzanas y peras.
De acuerdo con el medio La Política Online, Marcelo Loyarte, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), indicó que hay unos 110 contenedores detenidos. De ellos, 90 poseen frutas frescas y 20, jugo concentrado de fruta. En tal sentido, manifestó que "tenemos dos escenarios preocupantes: uno saber en qué estado está la fruta, porque hoy no tenemos acceso a la terminal, y otro, la posibilidad de poder retirar los contenedores".
Otro medio trasandino -Argenports.com- también dio cuenta de lo que ocurre en Chile: "El principal problema es que, de volverse operativo el puerto, no se sabe a ciencia cierta cómo está la fruta en los contenedores y de qué forma llegará a destino", afirma una de las notas del portal.
El embajador argentino, Jorge Faurie, manifestó, en tanto, y en conversación con radio Biobío, que "ahora se ha puesto en duda el hecho de que toda una cadena de exportación, que se generó a través de ese puerto, no se pueda llevar adelante o no pueda tener la continuidad que se esperaba". "De alguna forma, estamos bastante decepcionados y preocupados por este tema", añadió.
Según consignó El Mercurio el martes pasado la situación de Puerto Coronel también se ve reflejada en las cifras de movimiento marítimo de mercancías en la región del Biobío. La carga de comercio exterior por los terminales de la zona totalizó en abril de este año en US$1.278,84 millones, de acuerdo con estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas. Esto representó una disminución de 20%, equivalente a US$311 millones, en comparación con igual mes de 2023. La baja con respecto a marzo de 2024, en tanto, fue de unos US$160 millones.
En estas jornadas el Gobierno también ha recibido críticas por una supuesta "pasividad" en el hecho y ante eso se refirió el subsecretario Monsalve. En conversación con Tele 13 Radio, la autoridad del Ejecutivo sostuvo que "escuché al sector privado y a la empresa Puerto Coronel y a otros representantes decir que el Gobierno no ha hecho nada. Eso no es efectivo. Eso es falso".
"En reiteradas oportunidades el Gobierno, a través de la delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresdner, la seremi del trabajo y de la Dirección del Trabajo de la región del Biobío, ha tenido a ambas partes sentadas en la mesa", acotó.
Por otra parte, Monsalve además de apuntar a que Puerto Coronel "tomó decisiones que generaron un conflicto con sus trabajadores, con los trabajadores eventuales. Y yo creo que también es importante que las empresas midan las consecuencias de sus decisiones", dijo que "el gerente (Patricio Román) está para manejar conflictos y para resolver problemas" y "no ha logrado resolver el conflicto ni resolver los problemas".
Desde Puerto Coronel criticaron sus dichos y asumieron que "no se ha informado debidamente sobre lo que ocurre". "La empresa no ha generado el problema que la afecta; al contrario, ha hecho esfuerzos en todo orden de cosas para hacerse cargo de manera responsable de graves perturbaciones que están afectando su operación", puntualizó la compañía y afirmó que la administración está poniendo fin a una serie de "malas prácticas que arriesgan la seguridad de los trabajadores, favorecen el 'amiguismo' y dañan el funcionamiento general del puerto".
Luego de eso, el Gobierno designó al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, para que realizar las gestiones necesarias y destrabar el bloqueo. Así, se concretó la primera reunión.
El recién pasado 17 de mayo, el ministro detalló que "hoy día en la mañana me reuní con la delegada presidencial y también con la empresa. Se le transmite la relevancia, la importancia de poder volver a la mesa de diálogo, pues sin mesa de diálogo, sin conversación es imposible que un conflicto tan importante como este se detenga. Por supuesto, eso está en interés de todos y nosotros estamos poniendo nuestros buenos oficios, nuestra autoridad, para poder disponer un espacio donde podamos conversar con la empresa y junto con los trabajadores nos vamos a reunir también, en un ratito más, con los trabajadores y en base a eso también lo que vamos a hacer es convocarlos para poder retomar la conversación y de esa manera volver a construir las confianzas que son tan imprescindible para dos grupos que, más encima, una vez que el conflicto se resuelva, tienen que volver a trabajar juntos".
"Lo que lo que estoy haciendo es reunirme con las dos partes. En base a eso vamos a hacer un análisis de la información que vamos recuperando, vamos seguramente con alta probabilidad, vamos a convocarlos a una mesa de diálogo y las características y condiciones de ese espacio lo vamos a comunicar cuando corresponda", expresó.
Por su parte, el gerente general, Patricio Román, agradeció la disponibilidad del ministro para reunirse con las partes en conflicto y buscar un solución al bloqueo y comunicó que "le expusimos los antecedentes del caso y la imperiosa necesidad de desbloquear el puerto junto a nuestra voluntad de diálogo con el puerto abierto".
"Hay casi mil trabajadores entre trabajadores y contratistas, e incluso eventuales, que quieren retomar sus labores y con esto ejercer su derecho al trabajo. Esperamos poder lograrlo", añadió.
Cabe mencionar que en un comunicado los Pescadores Industriales del Biobío, aseguraron que sus empresas socias informaron un impacto económico de US$2 millones a raíz del conflicto, ya sea por pérdidas en producción, incumplimiento de contratos de exportación o costos adicionales que han debido asumir, producto del bloqueo.
