El concejal por Tirúa y candidato a alcalde, Neftalí Nahuelqueo.
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"Usted va a tener que pagar un monto económico mensual de aquí en adelante por su seguridad. Tiene hasta el sábado para pagar, o vaya retirando sus cositas y se retira de la zona (...) si no, hay hartos cajones para que pueda salir".
Esa habría sido la grave extorsión que sufrió esta semana el concejal por Tirúa del Partido Republicano, Neftalí Nahuelqueo, quien pretende postularse para alcalde de la misma comuna.
El concejal habría recibido la amenaza a través de una llamada telefónica el jueves, por parte de una voz masculina, cuya identidad está siendo investigada en estos momentos por la Fiscalía.
La situación fue condenada por el Partido Republicano, que a través de un comunicado señaló que "el terrorismo y el crimen organizado se presentan hoy como la principal amenaza a los derechos fundamentales de las personas y el Estado tiene el deber de ejercer todas las atribuciones constitucionales y legales para enfrentar, capturar y encerrar a todos quienes conforman dichas organizaciones delictuales".
"La libre participación en los procesos electorales es un pilar fundamental del Estado de Derecho y es deber del Estado resguardarlo, particularmente entre quienes asumen el desafío de representar a la población participando como candidatos en una elección determinada", complementó.
La tienda liderada por José Antonio Kast enfatizó que "la extorsión sufrida por el concejal y candidato a alcalde Neftalí Nahuelqueo, prende una señal de máxima alerta, teniendo a la vista la experiencia comparada en donde la criminalidad ya asentada en un país se inmiscuye en la toma de decisiones, por medio de la extorsión de la autoridad a través del temor, la captura económica o simplemente atentando en contra de la vida de quienes se desempeñan en el servicio público".
"En vista de lo anterior, hemos solicitado al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que se activen todos los protocolos de seguridad pertinentes para resguardar la integridad del concejal Nahuelqueo y la de su familia. A su vez, solicitamos al Ministerio Público, a las policías y a los Tribunales de Justicia, dar la máxima prioridad a la investigación y posterior sanción de quienes se encuentren detrás de este grave atentado a la seguridad de las personas y al Estado de Derecho", cerró la colectividad.