Hace más de un mes que autoridades venezolanas comprometieron su ayuda a Chile en el marco de la investigación del crimen del exteniente Ronal Ojeda. Según informó el canciller Alberto Van Klaveren, hasta la fecha esto no ha a ocurrido.
En entrevista con El Mercurio, al ser consultado sobre qué tan complicado es para la relación Chile - Venezuela el caso de Ojeda, el secretario de Estado respondió que "es un caso serio. Bien grave. Como Cancillería, aspiramos a que haya una respuesta a los requerimientos de información que ha solicitado el Ministerio Público chileno y apoyamos esa petición. Estamos a la espera de respuesta de las autoridades venezolanas que manifestaron su voluntad de cooperar".
Agregó que hasta el momento no ha ocurrido: "No hemos tenido novedades, a no ser que el Ministerio Público disponga de otros antecedentes", precisó el canciller.
Al respecto la vocera Camila Vallejo, señaló que el Gobierno mantiene "una expectativa" de "colaboración" de Venezuela y comunicó la presencia de una delegación oficial de fiscales venezolanos, sobre la cual no entregó mayores detalles.
En este contexto, el presidente de la comisión de Seguridad e la Cámara de Diputados, Andrés Longton (RN) sostuvo que "la verdad es que parte de este Gobierno, que avala el régimen de Maduro y no dimensiona la crisis de Venezuela, aún no comprende que estamos frente a una dictadura brutal que no duda en eliminar a sus opositores, donde todas las libertades están coartadas y violentadas. Creer que la dictadura de Maduro, probablemente detrás de este asesinato, vaya a colaborar, es propio de quienes miran con candidez al régimen, incapaces de ver lo evidente por un sesgo".
"Lamentablemente, Venezuela no ha ratificado el pacto de Bogotá y por tanto esta fuera de la Corte internacional, lo que impide avanzar en otras alternativas de presión", indicó.
El representante de la comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC) dijo que "yo no le creo nada a la dictadura de Maduro". Sobre el caso Ojeda, indicó que "de los 66 aprendidos en la redada, alrededor de 40 eran inmigrantes no regularizados, ni siquiera en el proceso voluntario de empadronamiento. Esa gente se está ocultando para delinquir, así que tenemos un problema mucho más serio de lo que parece".
"¿Alguna vez alguien pensó en creerle a la dictadura de Maduro respecto a los compromisos sobre aquellas personas que están siendo expulsados?", preguntó el legislador.
"Tenemos 28.000 órdenes de expulsión, de las cuales una parte importante son expulsiones judiciales, otras son administrativas, y el gobierno de Maduro se había comprometido, puso condiciones, no quería los aviones de la FACh, aceptaban vuelos comerciales, pero los vuelos comerciales son dos expulsados por vuelo, más dos policías, a un costo de $4 millones por cada expulsado, y sí sugirieron ellos que pudiesen hacer vuelos completos con una línea que a ellos les acomodaba, no obstante se convirtió en un freno burocrático y esos vuelos no se han podido tampoco concretar. Maduro no quiere de vuelta a los venezolanos, y nosotros bienvenidos a los venezolanos que vengan a trabajar, tenemos entre medio crimen organizado, tenemos organizaciones criminales que se vinieron, no sabemos si por sí mismos o mandados, o les abrieron la cárcel para que se vengan a delinquir a Chile", añadió.
Asimismo, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Corporación, Vlado Mirosevic (PL) dijo que "yo siempre he dicho que respecto de la relación con Venezuela hay que ver para creer".
En relación a la disposición a colaborar en la investigación del crimen Mirosevic señaló que "hemos recibido la noticia de una delegación de fiscales venezolanos que vendrían a Chile para colaborar con este caso. Y ahí la verdad es que hay una demostración al menos concreta de colaboración. Eso es lo que necesitamos, necesitamos que Venezuela colabore para poder dar con los responsables. Sabemos que hay algunos sospechosos, pero se necesita una colaboración más directa de parte de Venezuela para que este caso se resuelva".
Agregó que "en Chile, después de algo de tanta gravedad como lo que sucedió con el caso Ojeda, nosotros no podemos permitir que este caso quede en la impunidad. Y por lo tanto, sí o sí, este caso tiene que resolverse. Y bueno, la información que se tiene de última hora respecto a la visita de los fiscales venezolanos al menos es una buena señal respecto del resto de la colaboración, como yo siempre digo, ver para creer".
