El 12 de febrero, el fiscal a cargo de la investigación, Osvaldo Ossandón, envió un oficio dirigido a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), solicitando información sobre la existencia de un plan de prevención y/o evacuación ante emergencias e incendios de la magnitud del ocurrido a partir del 2 de febrero pasado. Esa misma fecha, le remitió un oficio idéntico a la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán (CS). Ninguna de las dos ha respondido hasta ahora. Pero en el caso de Ripamonti, Ossandón también le inquirió si existió algún programa especial o específico de prevención establecido para la zona después del gran incendio que afectó a Viña del Mar el 22 de diciembre de 2022, que destruyó 300 casas en Forestal y mató a dos personas, acercándose el fuego a las inmediaciones de la Quinta Vergara. Las consultas fueron formuladas en el marco de la querella interpuesta por los abogados Mario Zumelzu y los hermanos Luis y Pablo Cantellano, en representación de los deudos de la familia que falleció al ser alcanzada por el incendio de febrero en el Jardín Botánico, el que a su vez fue destruido. Ellos apuntan a la presunta responsabilidad penal de ambas autoridades edilicias, acusándolas de no haber actualizado los planes de emergencia como exige la ley que creó el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred). Un cuestionario detallado del fiscal sí fue respondido por el entonces director del Senapred en la Región de Valparaíso, Felipe Estay.
