En la investigación del fiscal Osvaldo Ossandón por el incendio de febrero que dejó 137 muertos y 4.500 casas destruidas en Viña y Quilpué, las alcaldesas de esas comunas, Macarena Ripamonti (RD) y Valeria Melipillán (CS), respectivamente, aclararon que sí respondieron a los requerimientos del persecutor, adjuntando a este diario registros que lo acreditan. Mediante un correo electrónico, el 19 de marzo, Felipe Cornejo, director de la Dirección de Asesoría Jurídica de Quilpué, remitió al fiscal el oficio ordinario de la alcaldía 252. Y entre la información que se otorgó, se señalaba que el municipio sí contaba con su plan de emergencia comunal actualizado. La Municipalidad de Viña del Mar también respondió vía correo electrónico, y aunque indicó que no podía dar detalles de dicha información, sí comentó lo que entregó a la Contraloría Regional, que también indaga el incendio. "La falta de aprobación de los instrumentos no guarda relación con la falta de diligencia del municipio, sino con un retardo del organismo técnico revisor, en este caso, Senapred regional. En segundo lugar, es dable señalar que el municipio cuenta con instrumentos vigentes que han sido reconocidos por el propio organismo técnico", planteó. Añadió que "en ningún caso estaríamos frente a la ausencia de herramientas o instrumentos de prevención, no solo porque el municipio se dotó de una herramienta vigente, sino que, conforme al artículo 33 de la Ley N° 21.364, los instrumentos regionales tienen un alcance por sobre los planes comunales, sobre todo frente a una emergencia de carácter regional".
