La
tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric -que se desarrollará este sábado 1 de junio ante el Congreso Pleno- ha estado antecedida por una serie de "gestos" hacia su base política, ese 30% promedio que, con algunos dígitos de diferencia según cada encuesta, continúa firme en su apoyo a la gestión del Mandatario.
Esto, pese a que sacar adelante algunas reformas y promesas de campañas ha tenido varios traspié o ajustes en el camino: la condonación del CAE, que ahora se plantea como "solución" por parte del Ejecutivo, o la reforma previsional, son parte de las tareas pendientes.
Por estos días, el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, instaló el término "antigabrielismo" para acusar a la derecha de un "asedio" a la figura del Presidente -según comentó a Radio Universo-, acusando además que "hay una personalización a la cual la política debe hoy mirar en perspectiva (...) las políticas públicas hay que mirarlas en su propio mérito, más allá de quien las proponga".
Y es que más allá de la tesis de Ibáñez, lo concreto es que algunos debates se han tensionado, justamente en la previa a la cuenta pública que La Moneda viene preparando hace meses, instancia clave para exhibir ciertos avances en la gestión.
La discusión por el CAE
Habían pasado varios meses sin que la promesa de condonación al CAE sonara, menos con la fuerza que lo ha hecho estos días. Fue el 16 de mayo cuando el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hizo su cuenta pública participativa, donde habló de un "plan de reorganización y solución" de las deudas educativas. Las palabras "condonación" o la "universalidad", no las utilizó.
De ahí en más, aumentaron las presiones para que el Ejecutivo saliera a revelar la "fórmula" que utilizará para lo que hoy se redefinió como "solución integral" al CAE. El fin de semana recién pasado, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, lo explicó de esta manera en Estado Nacional:
"Es más amplio decir 'solución', porque entre condonación y otras fórmulas, que no voy a adelantar, es más una solución integral (....) cuando uno dice 'principio de justicia', hay unos que sí (van a tener condonación) y otros, otras fórmulas de solución", acotó.
Además, descartó hacer una autocrítica respecto a la promesa de condonación universal de este Gobierno, y los eventuales "efectos" en el posterior aumento de morosos egresados. "Yo no utilizaría la palabra 'perdonazo', aquí tenemos una situación que es insostenible, toda la gente tiene que cumplir con la ley hasta que esto no sea modificado, y las modificaciones no dependen sólo de un anuncio de un ingreso de un proyecto, sino de que su aprobación después de una tramitación legislativa".
Por ahora, y tal como lo reiteró el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el proyecto se presentará antes del próximo ejercicio presupuestario, "es decir, antes de septiembre de este año".
De todas formas, ya instalado el debate, se espera que el Presidente Boric haga algún anuncio en la materia durante su discurso de la Cuenta Pública.
Debate por pensiones
El Gobierno aplicó suma urgencia a la discusión de pensiones el pasado 16 de mayo, lo que sorprendió y molestó a los parlamentarios de la oposición, quienes apuntaron a que hay presión por exhibir logros políticos en la Cuenta Pública.
Y es que tal como el Presidente Gabriel Boric había solicitado insistentemente en sus discursos, el Ejecutivo hizo valer sus facultades para ordenar la votación de la reforma previsional durante mayo en el Senado.
En el papel, la suma urgencia significaba que la Cámara Alta cuenta con un plazo de 15 días para su despacho, pero no se votó, ya que entraba en discordia con el acuerdo previo para discutir en un plazo de seis semanas sus grandes ejes temáticos.
Más molestia causó aún la campaña comunicacional del Ministerio del Trabajo, donde se destaca el componente solidario de la reforma. De hecho, parlamentarios anunciaron que recurrirán a Contraloría para que revise la legalidad del uso de recursos públicos para promocionar una reforma que está en discusión.
Pero la controversia podría ser útil para el Gobierno, especialmente el 1 de junio, donde el Presidente Boric podría insistir en su llamado a zanjar prontamente la discusión y atribuir responsabilidades a la oposición.
Investigación a carabineros
La semana pasada se conoció la detención de 12 carabineros por hurto, tráfico de drogas, detenciones ilegales y otros delitos en el centro de Santiago.
A raíz del caso, el Presidente Gabriel Boric utilizó su cuenta de X para señalar que "deben ser investigados por la justicia civil y si los delitos son probados, condenados. En Chile nadie está por sobre la ley".
El comentario surgió luego de la tensión que se generó en medio del debate por las Reglas de Uso de la Fuerza, donde la oposición insistió en que acciones de uniformados sean revisadas por la justicia militar, postura con la que el Gobierno no comulga.
Por eso, los dichos del Mandatario no hicieron más que molestar a la oposición. Desde Chile Vamos, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, consideró que "parece que hay una confusión conceptual legal respecto de esto por parte del Gobierno e instala una cuestión que es artificial. Siempre este tipo de casos han sido vistos por la justicia ordinaria, no por la justicia militar (...) instalar esto como una dicotomía a propósito de esa discusión, me parece que no es correcto", añadió.
Por ello, la ministra del Interior, Carolina Tohá, salió a explicar la publicación, señalando que "en Chile, cuando hay delitos que involucran a uniformados y a civiles, quien lleva esa investigación es la justicia civil, pero cuando hay delitos funcionarios que son solamente entre uniformados, hay casos en que los ve la justicia militar".
"¿Por qué lo menciona el Presidente? Porque se ha abierto un debate últimamente en esta materia de cambiar los límites de dónde termina la justicia civil y comienza la justicia militar", añadió, apuntando que "en ese mismo debate ha sido muy claro que transversalmente no hay apoyo".
Reunión con la CUT
Ayer, el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) acordaron avanzar en diez temas laborales, sociales, legislativos y regulatorios en el marco las negociaciones que llevan ambas partes, las cuales comúnmente se enfocan por el ajuste al salario mínimo, sin embargo, esta vez la discusión se enfocó en otras medidas, algunas, que forman parte del programa de Gobierno.
Entre ellos, destacan avanzar en la negociación colectiva "multinivel" y así proponer un proyecto de ley que "garantice plenamente la libertad sindical", estabilizar el precio de la parafina y la reactivación del Bolsillo Familiar Electrónico por los meses de invierno.
En esa línea, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que este acuerdo se logró debido a los avances que ya se habían establecido entre ambas partes por el sueldo mínimo de $500.000 que se alcanzará en julio de este año.
En cuanto a la negociación colectiva o "multinivel", se plantea "plenamente la libertad sindical ajustándose a los estándares internacionales que buscan fortalecer, a través de mayor dialogo, la democracia laboral y promover desarrollo económico justo y equitativo, enfoque que también busca mejorar la productividad a través de la participación directa de las organizaciones sindicales y empresariales".
El acuerdo también incorpora la reactivación por los meses de invierno del Bolsillo Familiar Electrónico, considerando las restricciones presupuestarias enfrentadas durante 2024; el estudio de posibles medidas para el fortalecimiento institucional de la Dirección del Trabajo (DT); y en cuanto al Subsidio Único Familiar (SUF) y Asignación Familiar, se acordó la entrega de un reajuste de 4,5% a partir de 01 de julio de 2024.
Minuta de la Secom
Esta semana, la Secretaría de Comunicaciones (Secom), elaboró una minuta que hizo llegar a los partidos que conforman el bloque oficialista, precisamente, en la antesala a la Cuenta Pública.
En el documento, según informó La Tercera, tenía el siguiente inicio: "¿Cómo llega el Gobierno del Presidente Boric a su tercera Cuenta Pública?".
Entre las repuestas, se subrayaba que "habiendo materializado la tarea de estabilizar el país, avanzando, cumpliendo con los compromisos adquiridos por el gobierno", labor que fue concretada "a pesar de la permanente obstrucción de la oposición".
"El gobierno del Presidente Boric logró estabilizar al país, luego de años muy difíciles y crisis que azotaron a Chile", añadía el texto, que también destacaba aspectos como la contención de la inflación, el despegue de la economía chilena, la creación de 500 mil empleos, como también el avance en los controles fronterizos, el freno al aumento de homicidios y la disminución de la desigualdad, entre otros.
El texto también hace hincapié en la reducción de delitos violentos en la Macrozona Sur, mientras que en la Macrozona Norte aborda el descenso de los ingresos irregulares por pasos no habilitados.
Entre los logros de la gestión, destacaron la puesta en marcha de las leyes 40 Horas y Papito Corazón; la gratuidad universal en el sistema público de salud mediante el Copago Cero; y la primera transferencia en el marco de la Ley de Royalty, por un total de $93 mil millones a 307 municipios del país.
