"Mejores pensiones para Chile", así fue titulado el spot publicitario lanzado por el Gobierno en medio del debate sobre la reforma previsional. El que, a pocas horas de su publicación, levantó el desacuerdo y la indignación de la oposición, desde donde tildaron el clip como "ilegal" y "tendencioso".
Por lo mismo, este miércoles los diputados del pacto de la oposición, representados por Frank Sauerbaum (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Jorge Guzmán (Evópoli), acudieron hasta la Contraloría General para solicitar la instrucción de un sumario administrativo por eventuales faltas a la probidad y a la legalidad en el Ministerio del Trabajo y la Subsecretaría de Previsión Social.
Desde Chile Vamos argumentan que el video "minimiza la posición de las oposición, se simplifica el debate de manera tendenciosa y se desvirtúa el proyecto de ley con una vinculación a la Pensión Garantizada Universal, política pública vigente".
También se manifiesta que este spot fue financiado por la Subsecretaría de Previsión Social mediante un contrato que "impone a la Administración un pago de 430 millones de pesos, suma que puede aumentarse hasta en un 30% a requerimiento de la contraparte técnica", lo anterior para "una difusión tendenciosa y favorable a la posición del Gobierno sobre una iniciativa que se encuentra en pleno trámite legislativo".
Y es aquí donde esta la disputa, ya que a pesar de que el video advierte que el proyecto continua en discusión, como lo exige la ley. Desde la oposición consideran que transgrede la normativa, ya que -a su juicio- la ley se remite a políticas públicas en ejecución y no en estado de trámite.
Así argumentaron que -dentro de los límites normativos que tienen los ministerios respecto de gastos- es evidente "la prohibición de utilizar recursos para campañas que favorezcan al Gobierno si no se pudieren encasillar dentro de los fines institucionales". De esta manera indicaron que, "dentro del catálogo de actividades que pueden calificar como 'gastos de publicidad y difusión para el cumplimiento de las funciones institucionales', no se encuentran políticas públicas en fase de diseño ni menos proyectos de ley en trámite legislativo".
El diputado de la Comisión de Trabajo, Frank Sauerbaum, manifestó que el Gobierno está "está utilizando recursos públicos para poder promocionar una idea de proyecto de ley que no se ha aprobado y está claramente establecido en la norma de administración del Estado que solamente se pueden promover iniciativas ya aprobadas por el Congreso Nacional".
Agregó que es "difícil" comprender el comportamiento del Gobierno. "Nos llama a un acuerdo, a conversar y nos golpea con un video como este que quiere atribuir responsabilidades a la centro derecha por rechazar un mal proyecto que establece un sistema de reparto que rechaza a la gran mayoría de los chilenos", dijo.
Por su parte, el Jefe de Bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, indicó que "la objeción de ilegalidad que alegamos es que tanto el Seguro Social como el 6% de cotización fueron rechazadas por la Cámara de Diputados. Por lo tanto no existe en el proyecto y es evidente que no se puede promover algo que no está, no podemos hacer publicidad frente a algo que aún no es ley, que no es palpable. Esta es una forma de presionar al parlamento indebido, ilegal y arbitrario".
Desde Evópoli, Jorge Guzmán, sostuvo que el ministerio encabezado por Jara, "ha cometido una falta grave a los principios de probidad y al principio de legalidad al financiar una campaña millonaria de carácter publicitario para una política pública que aún no existe en nuestro país", justificando que "esta campaña ha sido absolutamente tendenciosa, no mostrando con claridad la verdad respecto al proyecto de pensiones" y que "con los recursos de todos los chilenos no se puede financiar una campaña publicitaria que falta a la verdad y que confunde y lleva a la población a tomar decisiones erróneas respecto del proyecto de pensiones que es tan importante para el país".
La diputada Ossandón apuntó hacia los dichos de la ministra Jara, indicando que su "argumento en orden a la necesidad de incurrir en esta ilegalidad para enfrentar la publicidad de las AFP pierde de vista que ella es una ministra de Estado y que en el marco del gasto público, ella tiene límites que no puede desestimar en base a consideraciones políticas. El Gobierno gasta cifras millonarias en contra de la ley para fortalecer su posición, una que no cuenta con las mayorías parlamentarias y corre serio riesgo de naufragar".
