El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).
Aton
Cerca de las 9.20 horas inició la segunda jornada de formalización contra el alcalde de Recoleta,
Daniel Jadue (PC), en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.
Ayer la Fiscalía Centro Norte le solicitó al tribunal aplicar la medida cautelar de prisión preventiva contra el jefe comunal y contra José Muñoz, ex secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). A Jadue se le imputan los delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa, los cuales habría cometido cuando lideró la Achifarp.
En la segunda jornada de formalización, la fiscal
Giovanna Herrera, de la Fiscalía Regional Centro Norte, sostuvo que Jadue al compartir doble rol -alcalde de Recoleta y presidente de la asociación-
se imposibilitaba el cuidado del patrimonio.
La persecutora relató problemas entre financieros entre el jefe comunal y la Universidad de Concepción, entidad a la que se le encargó un ensayo clínico y fabricación de 180 mil dosis de Interferón, medicamento que se dijo podía servir para enfrentar el covid-19, pero que no consiguió la aprobación del Instituto de Salud Pública.
Herrera dijo que desde la casa de estudios le solicitaron al jefe comunal un cambio de financiamiento y que "la Contraloría General de la República (...) se da cuenta de que los dineros no habían sido ocupados donde no correspondían y le pide a la Municipalidad de Recoleta que realice las acciones civiles para recuperar el dinero".
Recordó que "le está pidiendo al alcalde de Recoleta, Jadue, que realice las acciones civiles para recuperar el dinero contra Achifarp, donde es el presidente del directorio". Recoleta también fue parte de la asociación.
También señaló que "la doble calidad de presidente y alcalde hace imposible un recto cuidado y eficiencia en los recursos. Cuando la Contraloría le dice al señor Jadue: 'oiga, vaya a decirle a la Achifarp que le pague (a la Universidad de Concepción)'; el señor Jaude tiene que ir a decirse a sí mismo como presidente, le voy a pagar a la Achifarp".
La persecutora, al cierre de su exposición, comentó que "uno de los móviles para el fraude a Recoleta dice relación con una campaña electoral que estaba en ese momento en el año 2021 y que era la motivación primera para evitar ser expuesto como un gestor ineficiente".
