La trama judicial del
alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien por estos días se encuentra en proceso de formalización de cargos por parte de la fiscalía, ha abierto un debate paralelo en torno a los respaldos que le ha otorgado el Partido Comunista y las "presiones" a la justicia respecto a las certezas que dicen tener en torno a su inocencia.
Ayer, los partidarios del alcalde llegaron en masa a mostrarle su apoyo al Centro de Justicia, en una suerte de "vigilia" que, tras la llegada del jefe comunal, desató un tumulto que incluso obligó a que los accesos del Metro Rondizzoni debieran ser cerrados de forma parcial.
Incluso, uno de los querellantes del caso, Mauricio Smok, denunció haber sido agredido por parte de los seguidores del jefe comunal, quienes incluso le habrían lanzado café hirviendo. Según dijo, fue un hombre llamado Mauricio Barraza quien lo increpó.
La llamada "guerra jurídica" del PC ha abierto flancos entre la tienda oficialista y el propio Gobierno, desde donde han optado por mantener distancia.
Ayer, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió a marcar esa distancia, al señalar que "la justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras, que cuando se imputa, se formaliza a alguien de nuestro sector, entonces se le defiende. Y cuando se le formaliza, se imputa o formaliza a alguien del sector contrario, entonces se busca, digamos, que se le den las penas más graves. La justicia no es para barras".
Este jueves, el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien ayer acompañó a Jadue al Centro de Justicia, respondió al subsecretario en una entrevista con Radio ADN, y tildó sus palabras como "una descalificación gratuita" que, a su juicio, "no corresponde a una autoridad de Gobierno".
En medio de las múltiples reacciones que han surgido en torno al blindaje del PC, ayer el diputado UDI, Henry Leal, comentó a Emol que "no sé si hay parangón de algún militante de algún otro partido que esté siendo formalizado y que afuera esté gran parte de la militancia. Creo que aquí el PC se equivoca, está actuando indebidamente".
Desde el PS, el diputado Marcos Ilabaca, comentó que "la actitud que todos los partidos debemos adoptar cuando alguno de nuestros militantes está siendo imputado o va a la justicia producto de algunos casos de corrupción o cualquier otro, es de mesura. No es posible actuar responsablemente siendo la 'barra brava' de una persona que finalmente podría llegar a ser condenada por delitos tan graves como los que hoy día está siendo investigado el alcalde Jadue".
Naranjo (PS) cuestionó a la derecha
Por cierto, el caso de Jadue no es el primero que pone a un alcalde en el banquillo de los acusados, y tampoco es primera vez que adherentes a una tienda expresan férreos respaldos a los miembros de sus filas durante los procesos de imputación.
Ayer, el diputado PS, Jaime Naranjo, comparó la defensa de los militantes del PC, que tildó de "legítima" con acciones "que hemos conocido por parte de otros partidos políticos".
"Yo les recuerdo que hace poco, parlamentarios del Partido Republicano se hicieron presente en la fiscalía ante la situación de un carabinero; en el pasado, la UDI manifestó de diversas maneras su apoyo al senador Iván Moreira o al senador Jaime Orpis, cuando fueron acusados por hechos de corrupción, de tal manera que, armar todo este escándalo, me parece absurdo", acusó.
Exalcaldes de oposición
En efecto, uno de los casos más recientes vinculados a imputaciones por corrupción, es el de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga -quien llegó al sillón comunal apoyada por la UDI- y que ahora cumple arresto domiciliario en medio de la indagatoria en su contra por los delitos de fraude al fisco, falsificación y mal uso de instrumento público durante su gestión, provocando un desfalco que llegaría casi a los $31 mil millones.
El pasado 18 de enero, durante el segundo día de formalización de la ex alcaldesa, la
secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, al ser consultada sobre el caso planteó que "la justicia tiene que funcionar", pero recordó que Barriga "
no es candidata a nada, ni tampoco militante, pero por supuesto que esperamos que pueda demostrar su inocencia".
El caso Torrealba, conocido a fines de 2022, en efecto, generó incomodidad en Chile Vamos, especialmente en RN, tienda en la que militaba el ex alcalde de Vitacura. Finalmente, la opción que tomó la directiva fue la de recalcar que el "Tronco" -como se le conoce- había renunciado al partido y que se destacaría el principio de inocencia, pero con el avance de los días, endurecieron el tono.
En julio de 2023, el senador RN, Manuel José Ossandón, visitó a Torrealba en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde permanecía en prisión preventiva. "Yo no dejo botado a mis amigos", dijo Ossandón a CNN, tras ser consultado por la vivista.
En noviembre del año pasado, el ex alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, ingresó a prisión preventiva por su presunta participación en el desfalco de más de $1.069 millones desde las arcas municipales. En marzo de este año que el Tribunal Regional de la UDI decidió expulsarlo de la tienda, por considerar que cometió actos violatorios de la declaración de principios del partido y comprometió su prestigio.
Los casos en el oficialismo
En el oficialismo también han existido casos emblemáticos en torno a investigaciones por corrupción. El pasado 10 de abril, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy (ex PS), quedó en prisión preventiva por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos.
Fue en enero del año pasado cuando se conoció la indagatoria en contra de jefe comunal, momento en que el PS decidió suspender su militancia. El tribunal supremo del PS consideró "una 'infracción grave' la que se le acusa a la autoridad por tratarse de un hecho que infringe normas de probidad pública y afecta la imagen del partido".
En respuesta, Godoy aseguró que la decisión del partido "tiene que ver más con el nivel mediático que ha tomado este tema, que por acciones reñidas con la legalidad, como pretenden hacer ver quienes tratan de sacar pequeñas ventajas políticas de esto".
Otros jefes y exjefes comunales del oficialismo han estado involucrados en casos donde se investigan delitos sexuales. Tal el caso del alcalde de Cunco, Alfonso Coke (PPD), quien a fines de abril quedó en prisión preventiva por la indagatoria en su contra, luego que cuatro mujeres presentaran una acusación.
En tanto, en agosto del año pasado, el Ministerio Público dio a conocer que había iniciado una investigación desformalizada en contra del alcalde de Victoria, Javier Jaramillo (PPD), por dos denuncias de abuso sexual en su contra, presentadas por dos mujeres.
