La semana pasada se conoció el "Informe Nacional de Visitas a los Centros Residenciales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia", documento elaborado por el Poder Judicial que abarca el segundo semestre de 2023. Este señala, entre otros puntos, que casi un 40% de las residencias "con administración del Estado se encuentran sobrepobladas", y que "nuevamente se registra ( ... ) la situación crítica referida a salud mental de los residentes". El informe ha causado impacto tanto en el mismo servicio como en ex autoridades y a levantado dudas sobre cómo, pese a las promesas y reformas, persisten problemas. Paralelo a esto, hace unos días, el Tercer Juzgado de Letras de Copiapó acogió una demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicios en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, condenándolo a pagar $200 millones "por concepto de daño moral". La acción fue en representación de un menor de edad, cuya identidad se mantendrá reservada para esta nota, a través del Programa de Representación Jurídica Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes "Mi Abogado" de la Región de Atacama, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, en convenio de colaboración entre dicha entidad y la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según quienes conocen el caso, el servicio apeló a la resolución. Más allá de esto, la demanda describe las vivencias de quien por unos 10 años entró y salió de un tipo de residencia como las analizadas por el Poder Judicial, en este caso la residencia Alma, ex Alicanto, en Vallenar.
