Caso farmacias populares.
Aton
Corría el 26 de enero de 2024 y la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazaba la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se modificara la medida cautelar
de arresto domiciliario contra la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
Tres días después, un puñado de diputados del Partido Comunista presentaba un proyecto para que
los delitos malversación de caudales públicos, fraude al fisco y cohecho sean considerados por los tribunales para que estos decreten prisión preventiva.
Según la iniciativa (entre sus autores se encuentran los diputados del PC
Boris Barrera, Luis Cuello y Carmen Hertz, entre otros), se señala que "ninguno de los criterios actuales considera los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco ni cohecho" para que el juzgador
considera la libertad del imputado como un peligros para la seguridad de la sociedad.
"Consideramos que la imputación de estos delitos, configuran un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que justifica que sea resguardado por la medida cautelar más gravosa que nuestro sistema contempla, esto es, la prisión preventiva", se argumenta en el proyecto de ley que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional.
Si bien la iniciativa fue presentada en un contexto donde Barriga era sometida a la formalización de cargos en su contra, hoy el escenario cambia y el apuntado por dichos ilícitos es otro: la norma coincide con los delitos imputados por la Fiscalía en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien quedó en prisión preventiva.
La fiscalía acusa al líder vecinal de los delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa, los cuales habría cometido cuando lideró la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).
