El caso del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien ayer quedó con la medida cautelar de prisión preventiva tras ser formalizado, no es el único. Hay otros jefes comunales en ejercicio imputados y sujetos a cautelares, aunque los delitos son diversos. Por ejemplo, a inicios de abril de este año fue formalizado el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy (ex-PS), por eventual malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos y cohecho, ilícitos que habrían sido perpetrados entre 2021 y 2023, tras lo cual quedó en prisión preventiva. A mediados de ese mes, la Corte de Apelaciones ratificó la cautelar. Durante su formalización, de acuerdo a lo informado por el Poder Judicial, la magistrada Loreto Salas Cortés ordenó la prisión preventiva de Godoy "por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por resultar indispensable para el éxito de la investigación". El mismo mes fue formalizado el alcalde de Cunco, Alfonso Coke (ind. Nueva Mayoría, ex-PPD), indagado por eventuales delitos de abusos sexuales ocurridos entre los años 2013 y 2021 en dicha comuna. Tras ser formalizado, se decretó su prisión preventiva, pero a fines de mayo la Corte de Temuco rebajó la cautelar a arresto domiciliario total, arraigo nacional, regional y comunal, prohibición de acercarse y comunicarse con las víctimas y acudir a la Municipalidad de Cunco o comunicarse con funcionarios. Se trató de un fallo dividido, en el cual el tribunal determinó que "de los nuevos antecedentes incorporados por la defensa, constituidos por un informe psicológico y un informe social del imputado, se desprende que su libertad no constituiría un peligro para la sociedad ni para las víctimas, aunado a la circunstancia de que este no presentaría actualmente una propensión a conductas delictuales -el primero-, arraigo social y familiar -el segundo-".
