"Los jefes de servicios y unidades vinculados a la ginecoobstetricia tendrán acceso al listado actualizado señalado en el inciso anterior para
favorecer la presencia de personal no objetor en la distribución de los turnos. Igualmente tendrá acceso el personal administrativo que participe en la distribución y asignación de la atención de salud".
Esa es una de las modificaciones que el Presidente Gabriel Boric le realizó al decreto supremo que aprueba el
reglamento para ejercer objeción de conciencia. Esto, en lo relacionado con el aborto legal que anunció en la pasada Cuenta Pública.
El decreto fue enviado el pasado 30 de mayo y publicado por la Contraloría el 31, un día antes del discurso presidencial.
Otro punto que incorpora estas modificaciones son que "los establecimientos públicos de salud deberán contar con personal sanitario idóneo, suficiente y disponible para asegurar la atención médica de los y las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo y ejecutar la prestación. Para tales efectos, el establecimiento de salud podrá considerar como un factor positivo en la
contratación de personal el hecho de no ser objetor de conciencia, a fin de evaluar su idoneidad para el cargo".
Estos cambios han dado paso a un debate en las comisiones de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados.
Por ejemplo, el presidente de la instancia en la Cámara Alta,
Javier Macaya (UDI), consideró que "la objeción de conciencia tanto personal como institucional es uno de los reconocimientos más elementales de una sociedad democrática, reconociendo a las instituciones y agrupaciones intermedias y a las personas que las componen la posibilidad de tener un ideario propio, lo que se encuentra por lo demás amparado por nuestra Constitución. También lo ha ratificado así el Tribunal Constitucional cuando se intentó limitar este derecho en la ley de aborto en tres causales".
Agregó que "creemos que limitar este derecho fundamental mediante el establecimiento de
'priorización de la contratación de personas no objetoras' no es más que una discriminación en contra de las personas objetoras de conciencia, además de ir en la línea exactamente contraria a lo que la realidad sanitaria nos exige hoy. Necesitamos especialistas y funcionarios de la salud de primer nivel que se puedan hacer cargo de la alta demanda que hoy experimenta la red asistencial, de manera que es inexplicable que se intente introducir otros criterios de selección, especialmente considerando que las atenciones en virtud de la ley de aborto en tres causales son mucho menores que las demás demandas de salud".
Su par en el gremialismo, el
senador Sergio Gahona, criticó que "es inaceptable que vía decreto, el Gobierno esté restringiendo un derecho fundamental, como la libertad de conciencia.
Se saltaron al Congreso, para reducir al mínimo la legítima libertad de los integrantes de los equipos de salud para no realizar abortos. Con esto una vez más el Gobierno deja entrever su indolencia ante quienes participamos del debate público".
Agregó que "además, se crea una discriminación explícita en el sistema público, al entorpecer que se contraten a profesionales que se opongan al aborto. Esto es un chantaje sobre los trabajadores de la salud, para que no expresen sus convicciones, y es una mala señal política debido a la crisis de salud pública que hay en Chile. Debemos priorizar las competencias y habilidades de los profesionales en lugar de su alineación con la ideología del Ejecutivo".
En la misma Cámara Alta, el
PS Juan Luis Castro sostuvo que "para efectos prácticos, lo que se debe garantizar es que exista posibilidad, cuando hay mérito, para una interrupción voluntaria del embarazo por tres causales acreditadas, y eso lo hace el cuerpo médico. Si no hubiese médico, se genera un problema para la derivación, debe haberlo, pero tampoco puede la objeción de conciencia colocarse como un requisito para el ingreso de un profesional a un establecimiento. Ahí
se está en el borde de lo que puede haber en cuanto a una discriminación o selección de ingresos por razones de conciencia"."Entonces, creo que ese artículo, el 24, debiera corregirse por el Ejecutivo para mantener el sentido de garantía ante la población, porque son los hospitales de la red pública, pero sin incurrir en una eventual discriminación en precalificar a los médicos antes de contratarlos y darle connotación positiva al que no es objetor de conciencia", comentó.
Para
Alejandro Kusanovic, senador RN, "esta medida, claramente
discriminatoria y autoritaria, busca ejercer presión de manera arbitraria sobre los funcionarios de los hospitales, obligándolos a renunciar a sus principios y valores a cambio de conservar su empleo o incluso acceder a uno. Es una medida totalitaria que recuerda a los regímenes que no protegen a los ciudadanos, sino que buscan controlar sus vidas".
En la Cámara de Diputados también hubo distintas miradas. La
presidenta de la Comisión de Salud, Ana María Gazmuri (AH), consideró que "el cambio al reglamento que propone el Gobierno más que apuntar a impedir que se contrate a médicos que sean objetores de conciencia, o personal de salud que sean objetores, lo que busca es garantizar a las pacientes de que al menos va a haber dentro de ese establecimiento de salud, alguien que no sea objetor".
"Entonces, yo
desdramatizaría un poco, las modificaciones al reglamento buscan que la objeción de conciencia -que tiene que ver con un tema valórico, ideológico de cada persona- no sea una traba para el cumplimiento de la legislación que ya tenemos".
El diputado independiente Hernán Palma aseguró que "en esta pasada estoy de acuerdo con el ejecutivo en su propuesta de modificaciones al reglamento. El Estado debe ser garante del acceso a la interrupción del embarazo en 3 causales y para ello es indispensable asegurar 'no objetores' de conciencia en los servicios de salud, ya sea en turnos o contrataciones".
Distinto a las críticas realizadas por
Andrés Celis, RN. "Creo que el Gobierno ante el fracaso de su gestión y la derrota ideológica de su programa, está aprovechando la recta final para intentar imponer su agenda valórica. Acá pretende discriminar arbitrariamente a los objetores de conciencia, siendo que libertad de asociación y libertad de conciencia son derechos humanos fundamentales e inviolables.
En ese contexto estimo que como bancada debiéramos hacer una presentación a la Contraloría previa a la Toma de razón".
Mientras que a través de "X", el ex ministro Jaime Mañalich también se mostró en contra. "El cambio de Reglamento de Aborto en tres causales enviado a Contraloría merece un análisis crítico. Propone una discriminación de contratación probablemente inconstitucional".
