Jaime Araya, Iván Flores, Andrés Longton, Jorge Alessandri.
Aton
Un gran revuelo se generó entre los parlamentarios de nuestro país tras las declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien aseguró que el crimen del ex teniente venezolano, Ronald Ojeda, fue una "operación de falsa bandera", tramada por cuerpos de inteligencia chilena, con el objetivo de "enturbiar las relaciones" entre ambos países.
Además aclaró que, si los responsables del hecho son venezolanos y son detenidos en su país, no serán extraditados a Chile.
"Lo que están haciendo es enturbiar esta relación para insistir en no recibir a estos venezolanos indeseables que han cometido delitos en Chile"
Iván Flores
El presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores, calificó como "gravísima" la acusación del fiscal venezolano. "Está hablando de agentes del Estado chileno como partícipes de un asesinato, cuando hemos sido nosotros los que hemos estado intentando que Venezuela colabore con la información", dijo.
Agregando que -a su juicio- "este asesinato que tiene un móvil político de una persona que estaba en la lista negra por parte de la dictadura de Venezuela (...) la intencionalidad del fiscal es de colocar turbiedad en lo que le hemos venido solicitando a Venezuela, que reciba a sus delincuentes venezolanos de vuelta, no le ponga más trabas. ¿Por qué no recibe a los aviones de la FACH? ¿o no facilita aviones del Estado venezolano que se lleven a los delincuentes venezolanos? Lo que están haciendo es enturbiar esta relación para insistir en no recibir a estos venezolanos indeseables que han cometido delitos en Chile" finalizó.
El presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputado, Andrés Longton (RN) comentó a Emol que estas declaraciones demuestran "que en ningún momento este Gobierno debería haber depositado la más mínima confianza de la investigación en un régimen dictatorial. Lo hacen por la inaceptable complicidad de parte de la izquierda con este régimen que mantiene el control de las instituciones para que sean serviles a los intereses de esta narcodictadura".
Agregó que esta situación "confirma la correcta decisión del Fiscal Nacional de no recibirlos, ya que estaban más enfocados en encubrir cualquier pista que los vinculara y crear una tesis delirante cómo está afín al régimen", agregando que "no cabía duda" que los delincuentes no serían extraditados a Chile. "La constitución de Maduro expresamente lo señala. Es un refugio de delincuentes amparados y protegidos por su constitución", concluyó.
Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI), manifestó que "en un país serio como Chile, al que le cuestionan su sistema de justicia por un Gobierno extranjero, esto constituye un escándalo internacional. Hemos propuesto reunión de emergencia de Chile Vamos".
Mientras que desde el PPD, el diputado Jaime Araya, sostuvo que "nuestra democracia y nuestro Gobierno respetan y hacer respetar el Estado de Derecho, nuestro Gobierno no asesina, ni viola derechos humanos, a diferencia de la narcodictadura de Maduro, las delirantes afirmaciones del fiscal general de Venezuela solo confirman que el régimen autoritario no va a colaborar en encontrar y juzgar a los asesinos, espero que Chile pueda llevar a organismo internacionales esta grave violación del derecho internacional".
El diputado Henry Leal (UDI), también miembro de la comisión de Seguridad, calificó las declaraciones como "inaceptables". "El gobierno del Presidente Boric ha tenido una condescendencia absoluta con el Gobierno de Venezuela. El subsecretario Monsalve suscribe convenios con un país que es una dictadura, no se puede tener relaciones".
"Aquí se nos está acusando que el Estado de Chile, a través de su servicio de inteligencia, orquestó y asesinó a una persona para perjudicar a Venezuela. Eso es inaceptable. Espero una respuesta contundente y a la brevedad de la Cancillería. Mínimo, citar al embajador de Chile en Venezuela al país, porque no se nos puede acusar gratuitamente de cometer un crimen para perjudicarlos. Espero que el Presidente Boric y el subsecretario Monsalve entiendan que, lo que se cosecha de ir a Venezuela a vincularse con una dictadura, es que nos acusen injustamente", complementó.
Mientras que la alcaldesa de Providencia y posible carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, enfatizó que "todos en Chile debemos estar unidos y cuestionar sin medias tintas los dichos del fiscal general de Venezuela. ¿Ésta es la colaboración de la que nos hablaban? Acusan participación chilena, ¿con qué pruebas? que lo demuestren. Con nuestra soberanía y nuestras instituciones no se juega. La familia de Ojeda y Chile merece una investigación transparente".