Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Aton
Varios cuestionamientos se abrieron tras la liberación de cinco miembros del Tren de Aragua -peligrosa organización criminal que opera con sus células en Chile-, a raíz de la
decisión del Juzgado de Garantía de Los Vilos, en la Región de Coquimbo.
Hasta ahora, dos de los cuatro sujetos se han entregado de manera voluntaria, luego de conocer que había una orden de detención en su contra, puesto que la Corte de Apelaciones de La Serena revocó la decisión del tribunal.
Esta mañana, el fiscal nacional, Ángel Valencia, comentó que Fiscalía Regional de Coquimbo decidió abrir una investigación administrativa por el desempeño del abogado asistente de la Fiscalía Local de Los Vilos, Luis Soto, quien no habría tenido los antecedentes suficientes para argumentar que se mantuviera la prisión preventiva de los imputados.
Sobre el tema, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo esta mañana que "en este caso hubo un error, lamentablemente, que se le adjudicó en un inicio a la jueza, pero parece que ya todos entendemos que no es de la jueza el error".
En esa línea, remarcó que "el juez determina una prisión preventiva si es que el persecutor le entrega elementos de juicio para decretarla, y esos elementos de juicio al parecer no estuvieron, y respecto a eso, el Ministerio Público ha abierto una investigación que determinará si hubo responsabilidad por parte de quien representó al Ministerio Público para que esto ocurriera".
Monsalve comentó además que dos de las cuatro personas se han entregado voluntariamente a la policía, quienes ya están detenidos, y se espera que los otros dos sujetos se entreguen, aunque en paralelo se están llevando diligencias para capturarlos.
Consultado sobre cómo se le explica a la ciudadanía lo ocurrido, Monsalve afirmó que "esos errores no son permisibles (...) Errores de esta naturaleza pueden afectar severamente la seguridad del país, la confianza del país, las instituciones y por lo tanto tienen que ser asumidos como errores graves y respecto a los cuales las instituciones tienen que abrir investigaciones y aplicar sanciones si corresponden".
