Durante esta jornada, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (
INDH) por presuntos delitos de tráfico de influencias en el nombramiento de ministros de la Corte Suprema.
El motivo de la acción judicial se da luego del informe de la Policía de Investigaciones (PDI) reveló chats entre el ex juez Juan Antonio Poblete y diversas autoridades como la actual suprema María Teresa Letelier y el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, quienes supuestamente favorecían nombramientos.
El INDH se querelló "contra quienes resulten responsables" por eventual ilícito.
La consejera del organismo, Beatriz Corbo, aseguró que el directorio del INDH que preside Consuelo Contreras la presionó para votar la presentación de la querella por presunto tráfico de influencias en la Corte Suprema.
Corbo y el consejero Ignacio Covarrubias se abstuvieron de la acción judicial presentada, debido a que "nos mandaron la querella el viernes con carácter urgente, sin ninguna información de contexto ni nada".
La consejera Corbo aseguró que el domingo "nos presionaron para que nos pronunciáramos, ya que los plazos iban a vencer y yo me abstuve ese día por no contar con ningún antecedente, lo que me parecía una falta de seriedad".
Agregó que el lunes la dirección del INDH solicitó un cambio de tabla "y se presentaron por parte del director jurídico los antecedentes del caso", pero Corbo indicó que ella ya había votado y manifestó que "no podía modificar su voto".
"Una vez que yo señalé la justificación a mi abstención, la que había mandado por escrito, se nos dijo que el lunes en la mañana se había enterado de que los plazos judiciales habían variado, lo que habría un espacio para que el consejo se formara una opinión más acabada", añadió.
Finalmente, la consejera expresó que "esto no debió haberse hecho de esta manera, porque los consejeros fuimos sometidos a una presión innecesaria".
