Como un "efecto dominó constante" podrían calificarse los problemas más profundos que sacan a relucir -día a día, año a año- las lluvias en la Región Metropolitana. Y es que, si bien cada vez que precipita se producen problemas que se llevan la atención de los jefes comunales y autoridades regionales, como los posibles desbordes de canales, la inundación de las calles y la anegación de hogares y barrios completos, existen algunos factores que no han dejado de crecer y que originan -de cierto modo- los mencionados anteriormente.
Así, hay problemas que a pesar de que se las lluvias cesen y los canales retomen su flujo, fomentarán que -en un próximo sistema frontal todo vuelva a colapsar como antes. Se trata de: el vertimiento masivo de desechos en los canales, que aumenta las posibilidades de desborde, las construcción en zonas de riesgo, que llevan a realizar evacuaciones, entre otros.
Si bien estos problemas son a largo plazo, y se arrastran por años también existen algunso de corto plazo, que surgen los días posteriores, entre ellos, la turbiedad en el agua potable, ya que "cuando hay frentes de mal tiempo con muchas precipitaciones, el agua de lluvia arrastra tierra hacia los diferentes cauces de agua, con una alta concentración de sólidos suspendidos, los que enturbian las fuentes de agua", explicó el experto en Ingeniería Ambiental y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, César Huiliñir.
Así, indicó que el "elemento vital" debe ser incoloro, inodoro e insípido, y si está turbio, huele mal o tiene un color inusual, puede ser peligroso para la salud, entonces ¿Cuánto tarda en volver el agua potable a su estado normal, sin turbiedad?
Huiliñir explicó que es "un plazo variable. Si se trata de una empresa que potabiliza, normalmente entre unas 24 a 48 horas para que el sólido que viene en las fuentes naturales escurra hacia el mar y el río vuelva a tener su turbiedad 'natural'".
Volviendo a los problemas de largo plazo, según explicó la directora del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de los Andes, Pilar Giménez, "las zonas de la ciudad que no son aptas para la construcción de viviendas y otros usos de suelo, o bien que requieren obras de mitigación para poder desarrollarse de forma segura, son definidas en los planes reguladores comunales, a través de estudios de riesgos".
De esta manera, las últimas inundaciones reflejan "la importancia de contar con estos planes reguladores actualizados. En nuestro país esto no está ocurriendo de buena manera. Según cifras del Minvu, de las 346 comunas de Chile, tenemos más de 80 comunas que no tienen un plan regulador comunal", a lo que se suman que "los procesos de elaboración y aprobación son extremadamente complejos y toman en promedio 8 años para aprobarse. Así, es relevante modernizar nuestro marco regulatorio para tener instrumentos más ágiles y que puedan definir adecuadamente las zonas donde existen estos riesgos naturales".
Según define un estudio del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres de la Universidad de Chile (CIGIDEN), "los campamentos se configuran como espacios fuertemente expuestos por amenazas naturales, que concentran población vulnerable y las políticas públicas tienen un margen de acción limitado, posicionándose en un alto margen de riesgo de desastres".
Según lo anterior, estas zonas de riesgo se convierten en el escenario principal donde los campamentos suelen asentarse.
A juicio del arquitecto y urbanista, Genaro Cuadros, muchos de los riesgos "se producen por acciones humanas (...) la acumulación de desperdicios en canales y en lugares que eventualmente cuando llueve, amplifican o recrudecen los efectos de los crecimientos de agua en los cursos de ríos", dando como ejemplo el canal Santa Marta, "donde hay que estarlo limpiando permanentemente porque se utiliza como un vertedero".
Así explicó que a su juicio está pendiente "un plan de infraestructuras para la evacuación de aguas lluvias por parte del Ministerio de Obras Públicas. Hay que tomar una decisión de inversión pública significativa respecto de un plan que se haga cargo de los déficits que tenemos en términos de evacuación de aguas lluvias, pero que además proyecte los efectos que el cambio climático van a tener en nuestras ciudades y puedan disponer de un verdadero plan de adaptación".
En cuanto a las zonas de riesgo, sostuvo que "para el caso de los campamentos, estamos frente a algo que es importante implementar: Senapred, a propósito de las leyes de catástrofe y desastre, prevé que pueda tomar medidas mucho más drásticas respecto de, por ejemplo, sacar familias o desplazar personas que pudiesen estar eventualmente en zonas de riesgo. La ley le entrega facultades para tomar decisiones de ese tipo".
Sin embargo, dado lo reciente de la ley, "no hay experiencias previas, las autoridades no se atreven quizás a hacer uso intensivo de las facultades que hoy día sí disponen para prever emergencias de este tipo (...) Yo creo que estamos en un punto en donde eso debe empezar a hacerse y Senapred tener una musculatura, una capacidad técnica, para poder implementarlo cuando estas situaciones así se presenten".
