Diputados de Chile Vamos - UDI, RN y Evópoli - solicitaron a la Contraloría General de la República iniciar a una fiscalización a las acciones judiciales emprendidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Los parlamentarios acusan a la institución de actuar fuera del marco de sus competencias legales y de utilizar indebidamente recursos fiscales.
Esto surge a raíz de la decisión del INDH de presentar una querella penal por tráfico de influencias en el proceso de designación de la Sra. María Teresa Letelier como Ministra de la Corte Suprema. Según los diputados, esta acción judicial excede las atribuciones del INDH y constituye una "ilegalidad manifiesta", implicando un uso indebido de recursos fiscales.
En el documento que presentaron los parlamentarios detallan las facultades del INDH y explican cómo ha excedido sus competencias legales. Señalan que la capacidad del INDH para presentar acciones judiciales está limitada a ciertos delitos específicos, como genocidio, lesa humanidad, guerra, tortura, desaparición forzada, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
Los delitos de corrupción o contra la Función Pública, como el tráfico de influencias, no están incluidos en las competencias del INDH según la normativa, reiteraron.
Junto con ello, el jefe la bancada de diputados de Renovación Nacional, Hugo Rey, dijo que "vamos a pedir las grabaciones y actas del consejo del INDH donde toman esta determinación, porque queremos esclarecer si hay antecedentes de que la fiscal Chong esta querella, y eso sería un hecho gravísimo".
A juicio del parlamentario, podría haber "un hilo conductor de un sector de la extrema izquierda chilena de jueces que han defendido justamente a los extremistas del octubrismo y que hoy día están atacando en particular al que tiene la primera opción para ser el alcalde de Santiago que en este caso es Mario Desbordes".
Asimismo, el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, señaló que lo ocurrido "le hace un profundo daño al Instituto Nacional de Derechos Humanos" y advirtió que podrían haber "motivaciones políticas, que trabajan para un determinado partido político y en una situación como son las elecciones municipales que se están viviendo en la comuna de Santiago, favoreciendo a la actual alcaldesa Irací Hassler y tratando de perjudicar al principal opositor, en este caso Mario Desbordes".
"Creemos que esta acción (el recurso a Contraloría) lo que busca es que se respete el principio de legalidad y se sancione a los responsables de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos", cerró el legislador.
También se hicieron presente en la Controlaría los diputados Andrés Longton (RN) y Flor Weisse (UDI).
