El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó este lunes la serie de antecedentes que se han dado a conocer las últimas semanas respecto a la posible influencia de magistrados y ministros en nombramientos dentro del Poder Judicial.
En conversación con CNN Chile, el secretario de Estado afirmó que es necesario modificar "el sistema de nombramientos en todo el Poder Judicial".
Hay un amplio acuerdo, incluyendo de la Corte Suprema, desde el 2015, de que el sistema de nombramientos tiene que ser modificado.
El problema no lo tenemos en la Corte Suprema necesariamente, lo tenemos en todo el sistema de nombramientos", señaló.
Cordero argumentó su postura: "Cuando se hizo la reforma en el '97, antes de esa reforma, la quina era de la Corte Suprema y nombraba al presidente. La decisión de la reforma constitucional del '97 fue con el propósito de permitir que otro poder del Estado participara, garantizando pluralidad y escrutinio. Esa es la razón por la cual se pide incorporar al Senado. Pero el problema estructural que tenemos no está en la Suprema necesariamente".
El secretario de Estado nombró a especialistas y ex integrantes del máximo tribunal que plantean que "el haber trasladado esta competencia al Senado lo que hizo es que politizó el poder judicial".
Pero el problema radica además, según señala, a la hora de nombrar un secretario de tribunal, juez, ministro de cortes y hasta notarios.
"Es conveniente ratificar el criterio de la Corte del 2015 hasta ahora. Los ministros han variado, pero un criterio que no solo tiene que ver con los nombramientos de la Corte Suprema. Es decir, que se ratifique la necesidad de cambiar el sistema de nombramiento en el Poder Judicial. Y en segundo lugar, pero no solo el de la Corte Suprema, sino que del sistema de nombramiento de jueces. Completo", expuso.
Respecto a la posible comisión de delitos por parte de funcionarios del sistema judicial, el secretario de Estado indicó: "Comportamientos impropios o aquellos que puedan representar eventuales comisiones de delitos que comprometen a funcionarios públicos calificados como dentro de las hipótesis generales de corrupción, todas tienen que ser investigadas".
"La apariencia pública tiene que garantizar la independencia", zanjó.
