Consuelo Contreras, directora del INDH; y Mario Desbordes.
Emol.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Consuelo Contreras, se refirió esta mañana a la querella que presentó el organismo por tráfico de influencias en el marco del llamado caso "Operación Topógrafo".
Lo anterior, a raíz de conversaciones de WhatsApp aparecidas en un teléfono celular incautado de quien era ministro de Corte de Apelaciones. En esa línea, el INDH consideró que el hecho, hoy bajo investigación, representa una grave vulneración a la garantía del derecho a un juez independiente e imparcial.
Si bien la acción no es nominativa, en su descripción aparecen la ministra del máximo tribunal María Teresa Letelier y el exministro de Defensa Mario Desbordes. Por eso, junto con acusar una "operación política", Desbordes se querelló por prevaricación contra los consejeros del INDH.
Contreras precisó esta mañana que "nuestra querella es innominada, nosotros jamás hemos nombrado, y pueden revisar las actas del consejo, nunca fue nombrado el ex ministro Desbordes, por lo tanto, yo no entiendo su querella, pero vamos a actuar conforme a la ley respecto de eso".
"La que es una querella innominada no es en contra de él, nosotros lo que buscamos con esta querella es asegurar un debido proceso, la imparcialidad de los tribunales y los jueces que juzgan causas de derechos humanos, ese es el objeto de nuestra querella".
Consultada por si esta querella será una de las formas en que el INDH comenzará a actuar de manera más regular, Contreras comentó que "nosotros vamos presentando las querellas caso a caso, y vamos analizando cada una de las situaciones (...) tenemos dos presentadas, una en el Caso Topógrafo y otra en el caso de los conscriptos".
"Queremos asegurar que en las causas de derechos humanos que nosotros llevamos adelante, se cumpla con el debido proceso, específicamente con la imparcialidad e independencia de los jueces", precisó.
Esto, junto con agregar que "tenemos que tomar todas las acciones que sean necesarias, con el fin de que el Estado no sea después sancionado por tribunales internacionales por no cumplir con los procesos que hay que cumplir en los casos de derechos humanos, eso es lo que limita nuestra actuación".
