Hace unos días comenzó un debate en torno a la relación entre la política y el narcotráfico, lo que se relaciona con los constantes desacuerdos entre el Gobierno y la oposición por la manera idónea para enfrentar el avance del crimen organizado, la violencia y la crisis de seguridad que vive el país, además de la relación de todo lo recién mencionado con algo tan esencial para el funcionamiento de Chile como es su política.
En conversación con EmolTV, el ministro de Justicia, Luis Cordero, analizó la situación judicial del país y diversas temáticas específicas, entre ellas, las organizaciones criminales y su presencia en los establecimientos penales del país.
En este contexto es que la autoridad sostuvo que han detectado cómo utilizan las organizaciones criminales el divisionismo político. De esta manera explicó que estas estructuras "maximizan su utilidad infringiendo el derecho, son grupos empresariales que funcionan al margen de la ley y que tienen una capacidad de adaptación que el Estado no", indicando que funcionan en red, mientras el Estado lo hace por sectores, lo que "implica diversos desafíos para abordar este tipo de criminalidad de un punto de vista de gestión pública".
Así sostuvo que estas organizaciones requieren para su funcionamiento ciertas actividades que tienen un impacto -no menor- en los mercados, agregando que es necesario "tenerlo presente ya que el sector privado no esta lejos de esto (...) la inyección de recursos de la economía ilegal daña a los mercados abiertamente, la capacidad que tienen ese tipo de organizaciones de inyectar recursos en mercados formales pueden tener impactos muy desagradables en el largo plazo".
Además, estas organizaciones requieren tener una estructura "que sea capaz de corromper al Estado y por eso hay que tener mucho cuidado en la relación entre estas organizaciones y funcionarios del Estado", entregando como ejemplo el caso de Gendarmería, donde la política de cero corrupción adquiere extrema importancia frente al contacto directo y donde es necesaria la aplicación de medidas drásticas y dolorosas.
También planteó que estas organizaciones criminales "se benefician de la polarización política. Porque en el fondo, ocupan esos debates públicos también para lograr un protagonismo público que de otro modo no tendrían", fundamentando que buscan este protagonismo para desafiar al Estado.
Así advirtió que -este tipo de situaciones para abordar este tipo de organizaciones- "la política también tiene que tener presente que la polarización y la división política le da visibilidad y le permite un reconocimiento a este tipo de organizaciones que nosotros no debiéramos legitimar".
Sistema de nombramientos
En torno a la nueva polémica por los nombramientos dentro del Poder Judicial y los nuevos intentos por cambiar el sistema, el ministro indicó que "estamos de acuerdo en que hay que reformar el sistema de nombramiento, okey, pero cuál sistema de nombramiento? y ahí es donde empiezan los 'pero'".
De esta manera explicó que el Poder Judicial tiene "un criterio de identidad propio de el: la independencia judicial", explicando que "es la manera en que la sociedad reconoce que ahí está la última palabra en la resolución de controversia (...) por lo mismo le reconocemos a los jueces inamovilidad. Ósea que tienen independencia e inamovilidad".
Para que lo anterior funcione bien "el sistema de nombramiento es vital", pero se generan preguntas a su alrededor: qué sistema, cuánto participa la política en los nombramientos, etc, siendo el principal debate "cuanta incidencia tiene la política, ya no en los nombramientos, sino en quienes integran el consejo", y la gran interrogante "cuanto la política está dispuesta a renunciar directa o indirectamente al régimen de nombramiento para garantizar independencia".
Así sostuvo que si bien en "el título hay amplio consenso, pero este es el ejemplo que el 'después qué' es la verdadera pregunta".
Declaraciones de la directora del INDH
En torno a las recientes declaraciones de la directora del Instituto de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, quien expresó que "no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos (…) pero sí creo que fue generalizada", refiriéndose a lo ocurrido durante el estallido social en 2019, Cordero dijo que le "sorprende esa declaración y me sorprende el efecto que ha tenido por dos motivos".
Desarrolló su postura. "El INDH desechó en mayo de 2022 querellarse por delitos de lesa humanidad, pero en esa fecha si se querelló -entiendo que por acuerdo unánime del consejo- contra los altos mandos pero a propósito de apremios ilegítimos. Esto es importante porque la discusión entre lo sistemático o generalizado es para calificar esos ilícitos como delitos de lesa humanidad".
Así manifestó que en ese entonces, "ella (Contreras) votó a favor, sosteniendo que habían sido generalizados. Pero yo me quedo con que el INDH nunca se querelló por delitos de lesa humanidad".
Agregó que aquí existe una discusión distinta, que es "la interpelación política que se le hizo al ex director y la salida que se le pidió. Pero yo creo que para ser rigurosos con la opinión pública, la discusión entre sistemático o generalizado es una discusión jurídica que uno no puede simplemente reducirla al sentido común".
Finalmente realizó -de nuevo- una diferenciación entre lo jurídico y lo político, sosteniendo que es en este ámbito "donde uno tiene que entender las declaraciones de Consuelo Contreras, porque creo que desde el punto de vista jurídico, el Instituto había tomado una posición ya".
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