"La extralimitación en sus facultades orgánicas constituye un claro abuso a la normativa judicial y constitucional, que impide que se le pueda concebir como un interviniente o tercero de los que pueden tener acceso a los antecedentes de una investigación penal llevada a cabo por el Ministerio Público". De esta forma, Gonzalo Migueles, asesor de empresas y pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, sustento ante la fiscalía una solicitud para que no se entreguen al Comité de Ética del máximo tribunal los chats que lo involucrarían en el proceso de nombramiento de fiscal nacional de 2020, en el marco del caso "WhatsApps". Esta semana, dicha instancia formalizó un requerimiento en el organismo persecutor para que les remitan la mensajería de magistrados que habrían intervenido, directa o indirectamente, en la definición de cargos a jueces, notarios y hasta el Ministerio Público, aunque limita esos registros a los publicados por Ciper. El fiscal nacional, Ángel Valencia, se encuentra estudiando, junto a su equipo, la "naturaleza" de la solicitud antes de tomar una determinación. Y la respuesta a los supremos la suspendió hasta la próxima semana, ya que, además, ayer encabezó la instalación de una nueva fiscalía local en Puerto Varas. Mientras Valencia define su respuesta, Migueles envió un requerimiento en contra de la entrega de los chats, señalando que la petición excedería las facultades del Comité de Ética.
