Uno de los temas que marcaron la sesión de ayer del consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue el tomar una determinación respecto de si se entregaría, o no, el audio de la reunión del 10 de junio, donde se acordó la presentación de una querella por eventuales delitos de tráfico de influencias, en el marco del caso "WhatsApps", que puso al descubierto diversas comunicaciones entre el exjuez Juan Antonio Poblete y personalidades políticas y del Poder Judicial, donde se da cuenta de gestiones en torno a distintos nombramientos, incluyendo el caso de la ministra de la Corte Suprema María Teresa Letelier. La acción penal fue objeto de un amplio debate, y tanto académicos como autoridades de Gobierno, como el ministro de Justicia, Luis Cordero, cuestionaron la legitimidad del organismo para presentar este tipo de querellas. Reparos que fueron recogidos por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago al declararla inadmisible. Si bien el acta de la sesión fue publicada, el acceso al audio de la instancia provocó otra discusión, pues mientras desde el INDH señalaban que sus sesiones son reservadas, abogados y legisladores han sostenido que, como órgano de la administración del Estado, sus actuaciones son públicas -salvo ante causal de secreto o reserva-, lo que incluye grabaciones de sus consejos.
