En medio de la crisis penitenciaria que se registra en el país, marcada por índices históricos de ocupación y graves hechos de violencia, con agresiones y amenazas a gendarmes e incluso al ministro de Justicia, Luis Cordero, una de las principales políticas impulsadas por el Gobierno se ve envuelta en cuestionamientos y dudas respecto de su eficacia. Se trata de los inhibidores de señal instalados por esta administración que, según diversos anuncios, bloquearían en su totalidad el funcionamiento de teléfonos al interior de las unidades penales del cuadrante Pedro Montt, donde se encuentra Santiago Uno, la Cárcel de Alta Seguridad y Santiago Sur (ex-Penitenciaría). Esto, ya que desde el interior de Gendarmería gremios de funcionarios que trabajan en dichos penales confirman a "El Mercurio" que dicha tecnología no ha logrado los resultados prometidos durante su instalación y puesta en marcha. Pese a que el titular de la cartera ha señalado en diversas oportunidades que los inhibidores se encuentran en "plena ejecución", gremios penitenciarios advierten que estos no han cortado la comunicación de los reos hacia el exterior, y que incluso han sido testigos de cómo los teléfonos de los internos siguen recibiendo llamadas a través de WhatsApp durante los constantes allanamientos que realiza Gendarmería.
