Varios anuncios se realizaron tras la reunión de seguridad en la que participaron representantes del Gobierno, policías y Fiscalía Nacional.
Una de ellas tiene que ver con el reforzamiento de fiscalización hacia los extranjeros en el país, y sobre todo en la Región Metropolitana.
De hecho, en el caso de la masacre de Lampa, donde fallecieron cinco personas, tanto los muertos como los detenidos son extranjeros, entre venezolanos y dominicanos.
El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, recordó el caso para apuntar a la importancia del control migratorio y anunciar el fortalecimiento de esta fiscalización en la Región Metropolitana.
En un punto de prensa, Monsalve dijo que la detención de estos extranjeros "vuelve a colocar el foco en la necesidad de tener un control migratorio más efectivo", señalando que cinco de los imputados "ingresaron y tuvieron visa entre el 2018, 2019 y 2020".
Por su parte, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, detalló que habrá "un incremento de la fiscalización de extranjeros residentes, los que ya están en Chile", para "conocerlos, identificarlos saber su condición de residencia y aplicar las medidas administrativas de expulsión necesarias que se hayan decretado".
Cabe señalar que esta operación le corresponde a la PDI, ya que la misma cuenta con la unidad de Migraciones y Policía Internacional, cuya misión es "controlar el 99% de las personas que ingresan o salen del territorio nacional", según señalan en su página web.
Ministerio Público
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, adelantó que "en los próximos días va a comenzar a funcionar un sistema que va a permitir que los fiscales de flagrancia informen de inmediato a la autoridad migratoria que hay una persona detenida y que la autoridad migratoria se entere si esa persona tiene un decreto de expulsión".
"Esos sistemas no conversaban. Podía haber una persona detenida en flagrancia y la autoridad migratoria no enterarse", agregó la máxima autoridad el Ministerio Público, detallando que "los fiscales de flagrancia van a requerir información sobre la situación migratoria, porque eso es útil para saber si hay o no hay peligro de fuga de una persona, si hay o no hay necesidad de cautela (...), y al mismo tiempo, la autoridad migratoria, si hay una persona que tiene un decreto de expulsión vigente, se va a enterar si esa persona está detenida".
Finalmente, complementó señalando que "durante los próximos días vamos a dictar una instrucción general obligatoria para todos los fiscales para que cada vez que haya una persona detenida por simple delito o por crimen, que tenga un decreto de expulsión migratorio vigente ya sea dictado por la autoridad administrativa o la autoridad judicial, el fiscal deberá solicitar que esa persona se mantenga privada de libertad hasta el término del procedimiento por existir un peligro de fuga evidente".
