Sin duda el debate de la semana ha girado en torno a la crisis de seguridad -o al "recrudecimiento" de la violencia- que afecta al país. No obstante, otro tema, en paralelo, y no tan distante del primero, se ha instalado entre arquitectos: la legitimidad o no de las tomas.
En los últimos años, las tomas han sido foco de una serie de incivilidades -agudizadas por la presencia y expansión del crimen organizado en el país-, y eso ha llevado a que varios alcaldes busquen avanzar en medidas como su desalojo y reubicación de las personas. A algunas tomas, han dicho jefes comunales, simplemente ya no se puede entrar, por el alto riesgo que se corre.
En entrevista con la
Revista Sábado, el
Premio Nacional de Arquitectura 2024, Cristián Castillo, profundizó en uno de los temas que ya desde su postrado en vivienda en el Architectural Association School of Architecture de Londres (1975) viene considerando: que las tomas son legítimas.
"Todas las grandes ciudades han crecido y se han desarrollado a través de tomas de suelo, eso no es extraño (...) sigo pensando que las tomas son legítimas, aún hoy día lo pienso", sostuvo.
Frente a esta idea de que las tomas son consideradas "delincuenciales", el arquitecto de 77 años comentó que "el que haya delincuentes en las tomas no es un problema de la gente, es un problema de la falta de presencia del Estado y de los partidos políticos".
Sobre ese punto y en relación a la venta de terrenos que han sido tomados de forma ilegal, añadió: "los grandes responsables de las situaciones que ocurren al interior de las tomas de terreno son los partidos, porque hoy día no tienen presencia en las organizaciones sociales. Si los partidos hicieran trabajos en las poblaciones, en las fábricas, en las escuelas, en las universidades, eso no pasaría. Porque las tomas estarían controladas por algún partido político que las llevaría adelante".
Las reflexiones generaron una serie de respuestas, entre ellas, varias cartas a El Mercurio, donde otros arquitectos expusieron sus discrepancias con el análisis de Castillo. A ellos, se suman visiones de personas cuyos terrenos fueron usurpados.
"La respuesta es más Estado"
Malestar y sorpresa fue la sensación que reflejaron las palabras de propietarios de terrenos que han sido usurpados. Claudio Easton, cuya familia sufrió la usurpación de 20 hectáreas de terreno en el sector Santa Rosa de Colmo, en Quillota, consideró "insólita" la afirmación de Castillo.
De acuerdo a lo que consignó El Mercurio, su predio estuvo tomado y fue desalojado en agosto del año pasado. "Las fallas del Estado las paga toda la población y la desesperación de unos no puede significar quitarles derechos a otros".
En esa línea, añadió que "si la necesidad o desesperación de una persona o grupo justificare el pasar por sobre la ley, sería entonces lo mismo aplicable a todo tipo de delincuencia, ya que, ciertamente, quien delinque lo hace para cubrir alguna necesidad; ya sea que esté desesperado o simplemente constituye su oficio y fuente laboral".
Valentina Correa, hija del empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado en el contexto de la usurpación de su terreno en Quilpié, coincidió con Easton. "Ante la falta de respuesta del Estado, la solución no puede ser validar y considerar justos delitos como las usurpaciones, que generan asentamientos desconectados de la ciudad y sus servicios, y constituyen una afrenta al derecho de propiedad. Frente a menos Estado, la respuesta es más Estado", dijo al citado medio.
"Contradictorio" e "incentiva las tomas"
Desde la academia, el arquitecto Andrés Prat comentó que "es contradictorio que el premio nacional de Arquitectura, que aspira a desarrollar una vivienda digna, diga estar de acuerdo con estas tomas. Es contradictoria la manera de abordar este pensamiento: quiere resolverlo a través de la arquitectura, y por otro, apoya que personas vivan en condiciones precarias".
Por su parte, el
decano de la facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, Pablo Allard, comentó que "las tomas y usurpaciones serán siempre un hecho violento y una tragedia que debemos evitar y menos romantizar".
"Ellas representan la falla del Estado para garantizar acceso universal a la vivienda, garantizar el Estado de Derecho y la protección de la propiedad privada; y lo más grave, la desesperación de las personas por encontrar una solución por sus propias manos, exacerbando su vulnerabilidad en condiciones muy precarias y riesgosas", afirmó.
Con lo anterior, tildó de "lamentables" las declaraciones de Castillo, pues a su juicio, "no sólo celebra e incentiva las tomas de terrenos, sino, además, hace una alegoría a que falta más operación política en su implementación, o sea, usar la desesperación como instrumento ideológico".
Quien también entró al debate fue le decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, Ricardo Abuauad, quien afirmó que siendo "evidente" la crisis por falta de viviendas, el mecanismo de la toma no es válido. "No es posible avalar algo que nos aleja del Estado de Derecho. Entiendo que hay un derecho a la vivienda, pero también hay un derecho a la propiedad. No podemos privilegiar uno por encima del otro".
Quien sí respaldó las declaraciones de Castillo fue Beatriz Buccicardi, presidenta del Colegio de Arquitectos, gremio que le otorgó el premio. "Importante para este gremio que los arquitectos expresen públicamente sus opiniones sobre la ciudad. Castillo centra su quehacer en los invisibles, los pobres, los sin vivienda", sostuvo al citado medio.
En esa línea, añadió que las tomas "son una realidad que no se puede desconocer" y que el trabajo del premiado "se reconoce en atacar ese flagelo nacional".
