Opiniones encontradas hay en el oficialismo respecto a si es Santiago la comuna adecuada para asentar la nueva cárcel de máxima seguridad anunciada por el Gobierno.
Tal y como confirmó esta tarde el ministro de Justicia, Luis Cordero, el penal se instalará en el cuadrante de Pedro Montt, colindando con el penal Santiago 1. A ello se ha opuesto la alcaldesa Irací Hassler, aduciendo que la comuna "
alberga el mayor complejo carcelario del país"
y bregando por la "coherencia" de las políticas públicas.
"No puede ser que por un lado queramos más seguridad para Santiago y por otro lado, exista una posibilidad de instalar una cárcel que afectaría más aún a todas las externalidades que ya sufren los vecinos y vecinas", dijo este lunes.
El debate sobre la ubicación del penal fue abordado en una reunión que sostuvo esta mañana el ministro de Justicia, Luis Cordero, con los parlamentarios de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Seguridad Ciudadana del Congreso.
Tras ello, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, se mostró de acuerdo en radicar la nueva cárcel en Santiago. "Ese barrio ya tiene toda la infraestructura, se está construyendo instalaciones nuevas del Servicio Médico Legal también en las inmediaciones, está el Centro de Detención Preventiva, por lo tanto, lo lógico es que se utilice todas esas condiciones para que se establezca este penal de alta peligrosidad", argumentó.
Por su parte, el diputado Leonardo Soto (PS) consideró que "es la mejor decisión, desde el punto de vista técnico, ubicar este perímetro de Pedro Montt que es un barrio que ya es judicial, que ya es penitenciario".
En esa línea, advirtió que "los 345 alcaldes yo creo que estarían en contra de que se instale en su comuna, en sus barrios, alguna cárcel y yo encuentro natural la resistencia que ella tiene (Hassler), pero si fuera por los mismos alcaldes que tuvieran la decisión final, obligatoria en estos casos, le aseguro que en Chile no habría ninguna cárcel".
A su vez, la diputada del FA, Javiera Morales, afirmó que "por supuesto que la alcaldesa tiene una posición legítima, porque sabemos y eso es lo que estuvimos discutiendo durante esta reunión, que la instalación de una cárcel de máxima seguridad trae externalidades negativas para cualquier comunidad. Entonces, lo que tenemos que evaluar ahora y lo que se comprometió el ministerio de Justicia es ver de qué manera se instalan medidas de mitigación".
En ese sentido, aseveró que en el oficialismo hay Transversalmente hay una sola posición respecto a que "es necesario contar con medidas de máxima seguridad. Sin duda en eso no hay ninguna segunda voz, ni segunda opinión. Por cierto que es difícil determinar dónde se instala esta cárcel, pero hay razones técnicas detrás".
A su vez, la diputada Alejandra Placencia (PC) relevó que la reforma al sistema de máxima seguridad "es una necesidad del país", del mismo modo que acotó que "estamos atentos y atentas a que su construcción, no solo esté acorde a los estándares que se requieren para un recinto de estas características, en su materialidad, en el régimen penitenciario, en todo aquello que permita que esto se construya a la brevedad posible, sino también que el lugar donde esto se vaya a instalar, también sea compatible con lo que significa lo que puede ser el prejuicio para el entorno".
En cuanto a si el penal debería instalarse en Santiago, Placencia advirtió que "no es lo ideal, creo que no convence hasta ahora esa posibilidad desde el punto de vista que es un sector saturado donde se plantea la posibilidad de esta instalación".
"Sin embargo, entendiendo que es una necesidad, estamos disponibles a buscar caminos que nos permitan llegar a buenos entendimientos y compatibilizar aquello que signifique hoy día la tranquilidad, la seguridad, la recuperación del barrio", agregó, relevando que "incluso si no se instalara esta cárcel, en ese sector, el barrio en Pedro Montt, las poblaciones aledañas a la cárcel, requieren de medidas de mitigación hoy día".
