En prisión preventiva quedaron este miércoles los tres detenidos por el triple homicidio de carabineros ocurrido el 26 de abril pasado, tras una emboscada en la comuna de Cañete, Región del Biobío.
Se trata de los hermanos Felipe Antihuen Santi y Yeferson Antihuen Santi, además de Nicolás Rivas Paillao, quienes fueron formalizados hoy por los delitos de homicidio calificado reiterado, robo con violencia, porte de armas de fuego, incendio y traslado de cuerpos.
Los individuos fueron capturados el lunes en operativos simultáneos. Dos detenciones se concretaron en la comuna de Cañete, mientras que la tercera captura se realizó en Huechuraba, Región Metropolitana. Hay un cuarto sujeto que permanece prófugo, identificado como Tomás Antihuen Santi.
En el ataque de abril pasado murieron el sargento Carlos Cisterna (43) y los cabos primero Sergio Arévalo (34) y Misael Vidal (30), quienes acudieron a un procedimiento de rutina para la revisión de medidas cautelares de Carlos Antihuen Riquelme (37) en una zona rural de Cañete.
Allí, según la investigación del Ministerio Público, fueron atacados por sorpresa, sometidos, despojados de sus chalecos antibalas y armas, y luego ejecutados de rodillas. Tras esto, los subieron al pick up de la camioneta policial, los trasladaron unos kilómetros y quemaron el vehículo con los cuerpos en el interior.
"Riesgo de fuga y reincidencia"
Durante la audiencia de formalización, el juez Cristián Rosenberg de la Fuente acogió la solicitud de la Fiscalía de decretar la medida cautelar más gravosa al estimar que la libertad de los tres imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Además, consideró que "existe un alto riesgo de fuga de no decretarse medidas restrictivas de libertad", y que también "existe un alto riesgo de que las personas puedan reincidir".
Junto con esto, el juez ordenó el traslado de los tres formalizados al recinto penitenciario de alta seguridad de la Región Metropolitana (REPAS), y decretó un plazo de seis meses de investigación.
En la instancia, el abogado defensor Jaime Pacheco señaló que las pruebas de Fiscalía eran débiles, que todo se basaba en "ideas preconcebidas" y "rumores" y que no ameritaban prisión preventiva.
La Fiscalía refutó que era irresponsable hablar de "rumores" cuando se tienen pruebas tan firmes de la participación.
En ese sentido, el tribunal indicó que "no pone en duda las conclusiones de aquellas pericias de carácter balístico y de la autopsia que se ha realizado a estos funcionarios policiales y la forma en que habrían sido asesinados en este caso".
